Por: Lucy Sanabria y Gabriela Espinosa
Hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Sin embargo, antes y después de esta declaración, fue común pensar que una persona homosexual, bisexual o trans debía adecuarse a una serie de reglas aleatorias instauradas por la religión o la sociedad.
Mismas reglas que, a la fecha, niegan, señalan y ponen en juicio la orientación sexual.
En ese sistemas social surgieron los ECOSIG, un camino en realidad nada recomendado por los sobrevivientes de estas terapias como Iván Tagle —director de Yaaj México—, Jazmín Bustamante y Manuel León. Ellos, como miles de personas más, estuvieron expuestos a un discurso y prácticas que implicaron la violación de sus derechos a la autonomía corporal, la salud y la libre expresión de su orientación sexual.
Desde hace un par de años los activistas, los sobrevivientes a las terapias de conversión y algunos funcionarios se han dado a la tarea de detener estas prácticas. De garantizar el derecho a ser, sin terapias de conversión, aversión o esfuerzos violentos.
“Es una alegría muy grande para empezar. Es una alegría muy grande el que estas iniciativas hayan sido tomadas en cuenta, que la hayan pasado y que haya sido aprobada. ¡Que haya pasado todos los filtros!”
Por cuestiones de sana distancia, en una sesión Zoom, el activista por los derechos LGBT+ Manuel León Ríos nos platicó sus impresiones sobre las nuevas sanciones a las terapias de conversión y a los ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género) en CDMX.
En julio de este año, el Congreso de la Ciudad de México —impulsado por activistas como Manuel y organizaciones civiles como Yaaj México— dio un paso histórico para garantizar los derechos humanos de las personas LGBT+.
Sin embargo, para el activista oaxaqueño y sobreviviente de los ECOSIG, este logro es solo el inicio, pues no debe quedarse solo en la capital del país, sino que el decreto para sancionar las terapias de conversión tiene que permear a la vida pública a nivel nacional.
Un paso adelante en CDMX
El 24 de julio de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un par de cambios en el Código Penal local para “tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual o identidad o expresión de género”.
Es decir, dieron luz verde para sancionar los ECOSIG.
La iniciativa fue presentada por el diputado Temístocles Villanueva e hizo el ruido necesario para que la ciudadanía volteara a ver una situación que por mucho tiempo fue arraigada como una práctica normal, pero que en realidad sólo vulnera los derechos humanos.
“Atentan contra la dignidad, se aprovechan de la ignorancia de las familias porque en este país no hemos sido formados en la educación sexual. Es común que alguien que desconoce que la homosexualidad no es una enfermedad, que ser lesbiana no es una alteración mental, pues caiga en estos fraudes”.
Al teléfono y días antes de que las sanciones contra los ECOSIG fueran aprobadas, aprovechamos para platicar con Temístocles Villanueva. Con esas palabras, el diputado nos explicó la importancia de la iniciativa.
¿Por qué era necesaria su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México?
La respuesta simple, está en que el Estado debe garantizar —no hay de otra— los derechos humanos de la ciudadanía. Luego, está el hecho de que las terapias de conversión representan un fraude para las personas que recurren a ellas. “No hay evidencia científica que indique que una persona puede dejar de ser gay, trans o lesbiana”, señala.
Con este argumento en la mano, el diputado Villanueva, acompañado de Yaaj México, presentaron esta iniciativa para sancionar las famosas, pero altamente peligrosas, terapias de conversión.
¿Cómo funcionan las sanciones a los ECOSIG?
Originalmente, buscaron considerar a los ECOSIG como un delito equiparable a la tortura, pero resultaba imposible avanzar en esos términos, ya que la tortura —al menos la que está en el Código Penal— tiene que ser ejercida por el Estado y no por particulares.
Después de dos años de estudio, Yaaj México y Temístocles Villanuenva encontraron la opción de crear un nuevo capítulo.
El capítulo se llama Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad. ¿Los resultados?
Básicamente, el dictamen aprobado penaliza a cualquier persona que obligue a otra a tomar una terapia de conversión. Las sanciones van desde los dos hasta cinco años de prisión y el castigo se duplica cuando la víctima —expuesta a la violencia moral, psicoemocional o física— es menor de edad.
Sin embargo, ahí hay un punto clave: este dictamen únicamente sanciona a quienes obligan a alguien más a tomar un ECOSIG.
Para que las terapias de conversión sean prohibidas en su totalidad —explicaba el diputado Villanueva— hace falta una reforma, mucho más robusta, a la Ley General de Salud. No solo al Código Penal.
Por la prohibición total de los Ecosig
“No tenemos cifras reales de en cuántos lugares se realizan las terapias de conversión, pues no están avalados científicamente, tampoco hay una asociación que los agrupe”.
De acuerdo con Villanueva, el número de los ECOSIG en México es incierto.
No obstante, para hacer frente a su cobertura y que de una vez por todas sean prohibidos, hace falta que los cambios sean a nivel nacional. Es decir, que algún legislador federal comience los cambios a la Ley General de Salud.
Y los esfuerzos ya están llegando desde el Senado. De hecho, se ha avanzado tanto que las comisiones ya aprobaron una iniciativa multipartidista: presentada por la senadora con licencia Citlali Hernández de Morena, así como Alejandra Lagunes del Partido Verde y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano.
Por un lado, esta iniciativa federal busca replicar los castigos aprobados en la Ciudad de México: de dos a seis años de prisión y estas penas se duplican si la víctima es menor de edad.
Sin embargo, los cambios fundamentales aparecen en la Ley General de la Salud, donde la iniciativa sumaría un artículo —el 456 Bis— para sancionar a todos los profesionales, técnicos o auxiliares “de las disciplinas para la salud que realicen este tipo de prácticas”.
Si se aprueba, quienes practiquen una terapia de conversión pueden ser suspendidos por tres años o perder por completo su cédula profesional.
Para activistas como Manuel León, sería una misión cumplida.
“Yo le he dicho, para quienes hemos vivido estas terapias, quienes hemos sido víctimas de estas terapias —a mí me ha costado en lo personal muchísimos años de terapia psicológica reparar todos los daños o secuelas que pudo haber dejado esto— es una alegría muy grande”, cuenta en una videollamada. “Implica también que nosotros, como comunidad LGBT+ nos pongamos las pilas para estar pendientes de que la iniciativa sea una realidad. Que no se quede nada más en que llegó al Senado; sino que se apruebe. Así tome el tiempo que tenga que tomar”.
Años de lucha
La prohibición de las terapias de conversión y los ECOSIG en nuestro país nunca hubiera llegado al terreno legislativo —ni en la Ciudad de México, ni en el Senado— sin la incidencia, impulso y el seguimiento de Yaaj México, una organización que se encarga de proteger los derechos humanos de la población LGBT+.
El nombre proviene de la lengua maya y es la palabra que define al amor, estandarte de la diversidad sexual.
“Cuando te das cuenta de que hay una sociedad que castiga lo que ‘no es normal’, caes en cuenta de la dimensión del problema. Lo ves con mayor frialdad. Es decir, hay una educación a nivel mundial que te dice que, estas personas (LGBT+) están mal. Dice que estas personas son un riesgo para la sociedad y tienen que exterminarlas, castigarlas o hacer todo para que cambien”, nos explicaba Iván Tagle, director general de Yaaj México.
Uno de los retos más grandes a los que se enfrentaron, como organización y como comunidad, es la normalización de estas terapias para curar algo que no es una enfermedad.
De su existencia misma, a pesar de que echan mano de la tortura, tanto física como psicológica.
Sin embargo en los últimos años, gracias a que organizaciones y activistas levantaron la voz, muchas víctimas y sobrevivientes de estas terapias comenzaron a hacer visibles sus historias.
“A mi me privaron de la libertad durante varios días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua para cambiar mi sexualidad. Yo creí que era algo normal, que esa era la forma en que se reaccionaba porque yo era así. Fue hasta mucho tiempo después cuando me di cuenta que otras personas habían vivido lo mismo que yo y era la misma obra de teatro pero con diferente actor y diferente locación.Es algo sistemático y cuando te das cuenta te asustas porque no solo pasa en México, está pasando en todo el mundo”, nos contó Tagle, en una larga sesión de Zoom.
Ya comienzan a dar los primeros pasos legislativos para prohibir los ECOSIG y aunque se han llevado muchas victorias, también se han encontrado con algunas trabas.
“Por supuesto hay conservadores que han estado ahí por siempre”, señala. “Que están lucrando con este tipo de prácticas y que están esperando a tirar esta ley en cada momento pero me parece que cuando escuchan nuestros testimonios, no hay manera que estén a favor de algo así”, explicó Iván Tagle.
No es un asunto de México
“Básicamente te destruyen la vida, tu sexualidad, y la sociedad en su silencio es cómplice de eso, admite que eso está bien y entonces termina el homosexual o la víctima diciendo: ‘claro esto que me pasó es normal’. Por supuesto que no es normal. Creo que la generación, las redes sociales y la comunicación nos ha hecho vincularnos y saber las historias de otros y de otras para entender que está pasando a nivel mundial”, señaló Iván Tagle.
En julio pasado, el experto independiente en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Barloz, habló sobre los daños que las terapias de conversión causan a sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Advirtió que estas prácticas causan severo dolor y sufrimiento a las personas de la comunidad LGBT+, a menudo resultando en daños psicológicos y físicos permanentes.
Es por eso que recomendó medidas de prohibición a nivel global.
“Son intrínsecamente degradantes y discriminatorias y están arraigadas en la creencia de que las personas LGBT son de alguna manera inferiores, y que a cualquier costo deben modificar su orientación o identidad para remediar esa supuesta inferioridad”, explicó ante la ONU.