El caso Tlatlaya sigue teniendo repercusiones: este martes, 24 de enero, fueron sentenciados cuatro policías ministeriales del Estado de México por haber cometido tortura contra tres de las sobrevivientes y testigos del enfrentamiento suscitado el pasado 30 de junio de 2014 en el cual murieron 22 personas. Un juez encontró elementos suficientes para considerar a los tres policías como responsables del delito de tortura, con el agravante de haber sido cometido por dos o más personas.
Los elementos fueron destituidos de sus cargos como servidores públicos y se les sentenció a una condena de tres años y ocho meses de prisión, además de imponérseles el pago por concepto de daño moral y material causado a las víctimas, por lo que tendrán que desembolsar 13 mil 980 pesos, de acuerdo con Milenio Diario. Los cuatro sentenciados reconocieron los hechos que se les imputaban y eligieron adherirse al procedimiento abreviado, por lo cual se les otorgó “cierto beneficio a su pena”, señala la publicación.
Otros tres policías involucrados en el caso optaron por continuar su proceso judicial para tratar de demostrar su inocencia. Los policías se encontraban en libertad bajo caución tras pagar una fianza de 60 mil pesos cada uno, dado a que la tortura no se considera un delito grave en el Estado de México.
Según El Universal, los elementos de la policía imputados, acorde con la reconstrucción de hechos que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, practicaron distintos modos de tortura para obligar a las mujeres a declarar que habían sido víctimas de secuestro y que el Ejército las rescató con la finalidad de dar una explicación razonable a las ejecuciones extrajudiciales. Las sobrevivientes del enfrentamiento fueron hostigadas sexualmente, sometidas a tortura psicológica y otros métodos.
Por el caso fueron detenidos siete militares, quienes fueron acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales, aunque después fueron absueltos. Además de los miembros del Ejército, siete policías ministeriales de la entidad fueron vinculados a proceso por torturar a las víctimas sobrevivientes.