Después de pedirle permiso a la Madre Tierra y tras obtener el 88.9% de votos a favor para su construcción en la consulta realizada, el proyecto del Tren Maya ya está puesto en marcha…. pero ¿será que los planes saldrán como se plantearon?

Este martes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó tres principales aspectos que se tienen que considerar para potenciar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, esto debido a la complejidad que implica su construcción y desarrollo.

El Instituto resalta que se tiene que considerar el aspecto económico, medioambiental y social.


Vamos por partes…

En primer lugar desde el aspecto económico, se tiene que asegurar la rentabilidad del proyecto para que se generen beneficios reales a la sociedad y se contribuya al desarrollo de la región.

Es por ello el gobierno tiene que cuidar los costos estimados, el aforo, la densidad poblacional, la conectividad, el uso principal de las vías y la competencia con otros medios existentes de transporte.


Resulta que tras realizar este ejercicio, el costo estimado de construcción para este proyecto asciende a entre 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, cosa que implica un rango entre 4 y 10 veces mayor que lo que había estimado el gobierno Federal. 

Luego sigue el aspecto medioambiental. 

La ruta que seguirá el Tren Maya va a atravesar una región con una “diversidad biológica y cultural única”, por lo que se requiere que se evalúe económicamente el impacto ambiental para analizar el proyecto costo-beneficio.

Además, se debe garantizar el cumplimiento de todas las leyes en materia medioambiental durante todo el proceso.


Finalmente el aspecto social. 

La cosa es que el tren va a pasar por estados en donde el 56% de la superficie es propiedad social, así como con un alta proporción de población indígena.

El IMCO propone que se tienen que establecer mecanismos de consulta regular con las comunidades afectadas en todas las etapas: desde la planeación.

Además, se debe garantizar el derecho de consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada a los pueblos indígenas.