El polémico programa de recolección de datos y metadatos de millones de ciudadanos estadounidenses, que lleva a cabo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, y que fuera sacado a la luz gracias a la filtraciones de Edward Snowden, fue considerado ilegal por un tribunal federal de aquel país.

De acuerdo con la corte, esta práctica supera los límites autorizados por el Congreso de Estados Unidos en la llamada Ley Patriota, aprobada tras los atentados del 2001, con la que se ampliaron las facultades del Estado para combatir el terrorismo, poniendo en riesgo derechos fundamentales.

El fallo fue dado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles.

No obstante, aunque para algunos el veredicto representa un triunfo, para otros parece tibio. La corte debía argumentar en favor o en contra de la constitucionalidad del espionaje masivo impulsado por la Casa Blanca. Sin embargo, los jueces se limitaron a decir que esta medida excedía lo permitido por la ley aprobada por las cámaras.

Si el Congreso quiere “autorizar un programa de tan largo alcance y sin precedentes, tiene todas las oportunidades para hacerlo, y de forma inequívoca”, sostienen los jueces en el fallo.

Algunas secciones de la Ley Patriota, incluyendo las que prevén la recolección de datos de ciudadanos sin su consentimiento y sin aviso previo o posterior, expirarán en junio y los legisladores evaluarán si lo prolongan.

La decisión divide incluso a la propia derecha. Entre los republicanos, aquellos que persiguen una agenda centrada en la seguridad apoyan la prolongación e incluso ampliación de la ley, mientras que los que defienden un proyecto principalmente económico están en contra. Éste último es el caso del precandidato republicano, Rand Paul.

En 2013, Snowden, ex analista de la NSA, filtró a través de WikiLeaks información sobre el programa de espionaje masivo emprendido y respaldado en secreto por la Casa Blanca con el que se obtienen datos (contenido) y metadatos (ubicación, hora, remitente, etc.) de las llamadas telefónicas de millones de personas y líderes internacionales, como Angela Merkel y Dilma Rousseff.

La presión social y diplomática sobre Obama lo llevó a presentar un plan para que los datos recolectados no estén en manos del gobierno sino de las empresas telefónicas, de tal forma que las autoridades sólo puedan acceder a ellos con permiso de un tribunal y únicamente en los casos en que quepa sospecha razonable de terrorismo.

@plumasatomicas

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