Esta semana, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta para que Uber y Cabify se paguen en efectivo en todos los lugares en los que operan. Ya había algunos lugares que permitían el pago en cash, pero con esta decisión de la SCJN la forma de operar de estas dos compañías puede cambiar radicalmente.

De acuerdo a El País, la mitad de los usuarios de Uber no están bancarizados

. Tras esta decisión, ambas compañías podrán acceder a miles de posibles clientes más que antes no contaban con tarjetas bancarias. “La resolución permite a México caminar de la mano de la innovación y establece un referente nacional y regional para la elaboración de marcos jurídicos incluyentes y benéficos para todos”, decía Uber en un comunicado.

Sin embargo, no todo fue “alegría” para ambas empresas, pues los cuates de provincia en Colima cambiaron algunas resoluciones que aceptó la Suprema Corte.

Además del pago en efectivo, la Suprema Corte de Justicia  avaló que estas dos compañías paguen 1.5% de cada viaje y se vaya directito a un fondo de movilidad en el estado. Esta nueva resolución abre la puerta para que el resto del país tome medidas similares.

Se estaba discutiendo la Ley de Movilidad Sustentable de Colima, uno de los primeros intentos por reglamentar este tipo de compañías.

Después de esta decisión, todo el dinero recaudado de cada viaje se destinará a un fondo especial en el estado que se dedica a promover medidas alternativas de movilidad.

También, la Suprema Corte estableció que si estará prohibido que estas empresas subarrenden los vehículos con los que se brindan los servicios y que acepten tarjetas de prepago pertenecientes al sistema de transporte público. “Se trata únicamente de medidas para proteger la seguridad de los conductores y usuarios”, decía uno de los ministros presentes en la sesión.

Sin embargo, no todo fue “una victoria” para el estado de Colima, pues la Suprema Corte dijo que era inconstitucional una parte de la ley que pretendía limitar la cantidad de coches que funcionan con estas compañías. El estado pretendía que solo fuera un 4% de todo el parque vehicular.