Un día después de la renuncia de Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), AMLO explicó a medios de comunicación que las diferencias señaladas por el exfuncionario surgieron entre Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, el SAT y el mismo presidente. No obstante, con respecto a Raquel Buenrostro, el mandatario negó que hubiera una fractura entre la titular de la Oficialía Mayor de Hacienda y Urzúa.

En este contexto, MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) reveló que antes de su salida, Carlos Urzúa delegó la facultad legal de controlar las compras consolidadas del gobierno Federal a Raquel Buentrostro.

Es decir que además de ser la responsable de las compras consolidadas, Buenrostro está a cargo de manera legal de estas adquisiciones.

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Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, realizaron protestas en contra de los recortes del ejecutivo al presupuesto (2018). Foto: Cuartoscuro.

¿Qué pasó?

MCCI señala que el 8 de julio —un día antes de la salida de Urzúa—, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo firmado con fecha del 4 de julio en el que la académica recibió la facultad legal de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco, en términos de los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones (…) para establecer los lineamientos para coordinar dicho procedimiento”.

Con esta acción se abrió la cancha para que la Oficialía Mayor de Hacienda adquirió todas las facultades para licitar y acordar los contratos marco en las compras consolidadas del gobierno —como las compras de medicamentos.

Los antecedentes 

¿Siempre fue así? Se supone que los contratos eran coordinados entre las dependencias licitantes y la Secretaría de la Función Pública (SFP), que llevaba a cabo los contratos marco —celebrados previamente con los proveedores con los detalles de los bienes y servicios, precios, calidad y condiciones.

La tradición gubernamental se terminó el 30 de noviembre de 2018, cuando esta facultad pasó a manos de la SHCP, gracias a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. O sea, se centralizaron las compras y contratos en Hacienda.

Los motivos que dio el gobierno para hacer este cambio fueron: evitar la corrupción y agilizar el proceso de los contratos, hecho que ha causado controversias ante los medios de comunicación. Si te interesa leer a detalle esta historia, AQUÍ te dejamos el texto de MCCI.

**Foto de portada: Cuartoscuro.