El Sistema Nacional Anticorrupción está en la tablita. El mecanismo que, en teoría, dotaría con más facultades a las instituciones para perseguir delitos relacionados con la corrupción es un elefante blanco. Un sistema cuya estructura está cimentada, pero que todavía no puede entrar en funciones por el sabotaje de los distintos gobiernos y de las organizaciones políticas. El SNA es como un estadio recién construido, pero que está en pleno abandono. Ya pasaron 30 meses desde la fecha en que el Senado de la República tenía que nombrar al Fiscal Anticorrupción y todavía no hay fecha para que lo designen. A menos de 48 horas de que el mecanismo entre en vigor, la gran mayoría de los estados (28 de 32) no han cumplido con todos los requerimientos de sus sistemas locales. Solamente Querétaro, Estado de México, Sonora y Morelos han cumplido a cabalidad. Chihuahua, al parecer, ni lo intentó; es la entidad con menos avances. La grilla política, la falta de voluntad, la pobre implementación, entre otros factores, han frenado el inicio de operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido, grupos de la sociedad civil, organizaciones empresariales y ciudadanas, entre las que se encuentran Artículo 19, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fundar, Causa en común, entre otros, denunciaron este lunes 17 de julio que los gobiernos y los partidos políticos están obstaculizando la implementación del SNA, incluso atacando a los ciudadanos que lo conforman. #Vamospormás, que agrupa a medio centenar de asociaciones, señaló que buscarán impulsar reformas y acciones —de la mano de legisladores y gobernantes— para fortalecer el sistema. En un comunicado leído por el actor Diego Luna, el movimiento consideró que la corrupción y la impunidad son enfermedades que enfrenta el país y que ponen en peligro su desarrollo. Asimismo acusaron que a esto se suman autoridades permisivas y la ausencia de instituciones transparentes.

Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción, leyó Diego Luna

Entre los objetivos de #VamosPorMás se encuentran:

1- Que se lleve a cabo una reforma constitucional para asegurar que la Fiscalía General sea autónoma, eficaz y cuente con controles adecuados.

2- Que quienes sean nombrados como operadores del sistema a nivel federal y local estén apegados a mejores prácticas.

3- Que se proporcionen los recursos suficientes para asegurar independencia de los comités de participación ciudadana del SNA en ambos niveles.

4- Que se hagan reformas a los métodos de adquisición de obras publicas, a las finanzas de los partidos y se revise la figura del fuero federal a legisladores, gobernantes y funcionarios con el propósito de evitar la impunidad.

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