Ya se cumplieron tres meses desde que las protestas multitudinarias contra el régimen de Nicolás Maduro dieron inicio. El saldo de las movilizaciones en Venezuela no es alentador. Durante este periodo han muerto 89 personas, más de mil venezolanos han resultado heridos y aproximadamente 3 mil 500 más han sido detenidos. De abril a la fecha se han contabilizado más de 2 mil 675 manifestaciones y las peticiones siguen siendo las mismas: que se liberen a los presos políticos, echar para atrás la Constituyente y que se lleven a cabo elecciones presidenciales. A la par de la crisis política que sacude al país se empalma una grave situación económica. Muestra de esto es la decisión del presidente Maduro de aumentar, por tercera vez en seis meses, el salario mínimo de los venezolanos. En esta ocasión el salario aumentó 50% para hacerle frente a la escalada de precios en el país sudamericano.
“Justicia, justicia, frente a la guerra económica“, indicó Maduro durante su discurso transmitido en radio y televisión. En su participación, culpó de los problemas del país a las “potencias extranjeras” que buscan terminar con el chavismo. El presidente venezolano le pidió a sus simpatizantes apoyar la Asamblea Constituyente, el próximo 30 de julio, para ponerle fin a la crisis que azota el país. “Denme la Constituyente y les doy la victoria sobre los precios y la especulación criminal”, indicó el mandatario. Las posiciones en contra del conflicto venezolano no se han apaciguado desde afuera. El Papa Francisco urgió a acabar con la violencia en Venezuela y pidió una solución pacífica y democrática al conflicto entre chavistas y miembros de la oposición.
Venezuela: más de 2.600 manifestaciones en todo el país. pic.twitter.com/O2jPdFFOwT
— OVCS (@OVCSocial) 21 de junio de 2017
Por su parte, desde Estados Unidos presionan a sus aliados europeos para lograr que la Unión Europea se sume al programa de sanciones contra Venezuela. El pasado 19 de mayo el Departamento del Tesoro impuso castigos a Maduro y siete miembros del Tribunal Supremo venezolano: les congelaron sus activos en territorio estadounidense y le impidieron a ciudadanos norteamericanos hacer transacciones con ellos. La administración de Donald Trump busca apoyarse en la “relación especial entre España y Venezuela” para que el bloque europeo se sume a ellos en la aplicación de sanciones contra el régimen de Maduro. Hasta ahora la Unión Europea no ha impuesto medidas contra Venezuela.
En medio de estas tensiones se asoma el caso de la fiscal Luisa Ortega: una chavista que se opone a la Constituyente y que ha jurado”defender con su vida” la Constitución de Venezuela. Ortega ha confrontado al régimen de Nicolás Maduro afirmando que la propuesta de la Asamblea Constituyente representa la “ruptura del orden constitucional”, además de denunciar “terrorismo de Estado“. Este lunes la fiscal general, a quien se le ha prohibido abandonar el país, pidió al Parlamento luchar por la democracia y condenar la violencia, “venga de donde venga”. Hoy la Asamblea Nacional ratificó la designación de Rafael González como vicefiscal de la República, después de que el Tribunal Supremo de Justicia lo destituyera de manera ilegítima.