Nos sorprende y entristece mucho ver cómo Veracruz parece estar inundado de una infinidad de actos ilícitos, mismos que a pesar de ser descubiertos públicamente parecieran ser omisos tanto por el gobierno local como federal. Y es que a decir verdad el nombre de Javier Duarte trae consigo un áurea sumamente oscura y corrupta que nos genera un severo dolor de estómago.

Esta ocasión, Animal Político, el portal digital de información, destapó una de las mecánicas de defraudación más inverosímiles, se trata de empresas creadas y protegidas por la administración de Javier Duarte, las cuales se embolsaron cerca de 645 millones de pesos en supuesta licitaciones que estaban destinados para el sector más pobre.

De 73 contratos obtenidos a través de transparencia, se localizaron 21 empresas altamente sospechosas, de las cuales 19 se fundaron durante el sexenio de Duarte, compitieron en licitaciones y posteriormente desaparecieron. Además de que las investigaciones arrojaron que las empresas existen con socios falsos y direcciones fiscales inexistentes.

El grupo de investigación de Animal Político visitó los domicilios fiscales, llevándose por sorpresa de que no existían, en algunas direcciones eran casas del Puerto de Veracruz, otras empresas pequeñas como panaderías o herrerías.

Daniel Moreno, director de Animal Político, indicó que también buscaron a los supuestos socios de las empresas y la mayoría de ellos se localizaron, sin embargo con muy extrañas irregularidades. En uno de los casos el dueño de una propiedad señaló que en su propiedad no existe ninguna empresa pero llegaba correspondencia de estados de cuenta a nombre de la empresa que ganaba las licitaciones. Otro caso, una señora con cataratas, a quien le pidieron que firmara unos papeles para que se le diera un apoyo de salud, luego de la firma la señora aparece como dueña de una empresa que ganó 130 millones de pesos en una adjudicación. Además de que supuestamente la señora compitió con otra empresa donde su hijo aparece como socio.

Por su parte, la administración veracruzana se defendió señalando que las empresas siguen activas y declarando impuestos ante el SAT, a lo que Daniel Moreno reiteró que de ser así siguen evadiendo impuestos y quedándose con contratos ya que ellos tienen documentos que prueban que dichas empresas declararon su cierre meses después de recibir las licitaciones.

Además hizo hincapié en que también realizaron una investigación para saber de manera oficial si los supuestos productos comprados, que en su mayoría eran para beneficencia social a un sector pobre, habían llegado a su destino, obteniendo como resultado que las supuestas tiendas comunitarias donde debían de llegar no existen, a lo que el gobierno se adjudicó diciendo que no tuvo recursos para abrirlas.

Cuando se exigió aun así saber la procedencia de los productos la información confusa detalla que fueron entregadas a las tiendas comunitarias que no existen, que los padrones de la gente a la que se los dieron no los tenían y que demás información es privada y no puede otorgarse públicamente. Además de que explicaron que mucho material didáctico fue entregado a diversas escuelas, las cuales los investigadores de Animal Político fueron a visitarlas al azar, y al menos las que visitaron jamás recibieron ninguna beneficencia.

 

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