Aunque está muy densa la cortina de humo, no podíamos podía pasar desapercibido que, tras una maratónica audiencia que terminó por ahí de las 4:00 am, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso.

De acuerdo con diversos medios, el delito por el que se las tendrá que ver con la justicia el exgober priista es aprovechamiento ilícito del poder, esto al subcontratar ilegalmente aviones y helicópteros. Según cálculos cuberos de la justicia, el daño ocasionado por Roberto Borge ascendería a 590 millones de pesos.

Roberto Borge embargo propiedades

Captura de Roberto Borge. Foto: AFP.

Según indica Milenio, las transas de Borge se dividen en dos: uno, en perjuicio de la paraestatal Vip Saesa, el cual sería por casi 320 millones de pesos, mientras que el otro se ve más internacional, ya que está calculado en dólares (poco más de 40 millones de los verdes) y es por la subcontratación simulada de transporte aéreo.

Para llevar a vincular a Betito Borge con los delitos mencionados, el juez de control Daniel Farah Godoy tuvo que analizar detalladamente los elementos que se recopilaron en casi dos años de investigación complementaria.

Sin desmentir que su cliente se pasó de lanza durante su gobierno, la defensa de Roberto Borge argumentó la prescripción del delito. Además, recurrieron a la clásica “porqué a ellos sí y a mí no”, al referir a los amparos que se han otorgado a exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo.

Foto: Carlos Cantón Zetina

Por otra parte, los abogados de Roberto Borge señalaron que no se puede condenar a nadie por hechos distintos en los que se solicitó su extradición. Esto porque para traerse al exgober desde Panamá, se le atribuyó ordenar la contratación de servicios aéreos de la empresa Vip Saesa, sin que ésta los prestara (o sea, contratación simulada)… y ahora, que ya verificó y comprobó que sí fueron prestados, se cambió la jugada a “adjudicación indebida”, acusando a Borge de obligar a sus subordinados a contratar esa compañía.

Como sea, los fiscales mantuvieron el argumento de que los exfuncionarios fueron obligados a participar de los negocios y se aclararon que los hechos no fueron cambiados, simplemente se fueron “ajustando” conforme a lo que declaraban los testigos.