En lo que se supone debe ser una actividad que impulse a los viñedos, la industria vinicultora y el turismo en México, la producción de vino en la zona del Valle de Guadalupe, en Baja California, ha sido tocada por la corrupción.

De acuerdo con la investigación de HuffPost México, Las viñas del poder”, los mexicanos y mexicanas han invertido alrededor de 7.773 millones de pesos —mediante sus impuestos— en la construcción y equipo de algunos grupos vinícolas que pertenecen a políticos de alto nivel.

Según HuffPost México, algunas empresas recibieron la gran ayuda con recursos públicos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Economía —que se supone deben impulsar el sector agrícola y a TODOS los emprendedores mexicanos—.

Fondos públicos

Esta situación pone en desventaja a los productores y empresas que están alejadas de los círculos gubernamentales.

En opinión de Jaime Palafox, vinicultor, acceder a los fondos públicos de Sagarpa es una cosa difícil. Sin embargo, algunos políticos han sido beneficiados por cinco apoyos federales —durante cinco años consecutivos—, otros han podido acceder a recursos para infraestructura pública.

¿Conflicto de interés? Los viñedos que han avanzado con recursos federales
Foto: shutterstock.com

Los implicados

La investigación vincula los nombres de políticos como César Camacho Quiroz, Wenceslao Martínez Santos, exdiputado federal y Gustavo Ortega Joaquín, exalcalde de Cozumel.

En cuanto al priista César Camacho, el caso apunta hacia la Compañía Agroindustrial Vinícola S.A. de C.V. —pues fue señalado como socio de Juan Carlos Guevara— y la empresa productora de vinos Hilo Negro.

Se supone que Guevara firmó la recepción de una transferencia de dos millones 269 mil 51 pesos, hecha por el gobierno Federal para la construcción de un edificio de Hilo Negro.

¿De dónde provenía el dinero? Del Fideicomiso de Riesgo Compartido de la Sagarpa, que formaba parte del programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que tenía el objetivo para impulsar la productividad de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

Y, ¿luego? “Al recibir los fondos públicos”, Camacho se saltó el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administradores de los Servidores Públicos.

Además, la Compañía Agroindustrial Vinícola tuvo un crecimiento constante en su infraestructura y su equipo, a diferencia de otras empresas.

Valle de Guadalupe

En 2015, a las tierras de Valle de Guadalupe llegó Wenceslao Martínez, en ese entonces diputado federal del PAN, y como un “milagro” y se logró la pavimentación de toda una calle que, misteriosamente, benefició a las puertas de la vinícola Relieve —a pesar de que la pavimentación y urbanización de la zona ha sido lenta—.

Curiosamente, la obra concluyó en 2018, cuando Martínez terminó sus funciones como diputado y hasta que la pavimentación llegara a Relieve. Ante los señalamientos de conflicto de interés, Wenceslao aplicó el “yo no fui” y argumentó que esta obra estaba planeada desde 2010.

Sin embargo, este no era el primer caso de Relieve y el conflicto de interés. De acuerdo con la investigación, en 2015 la empresa recibió “un apoyo de 876,673 pesos para la compra de maquinaria y equipo, como parte del programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (Proind) de la Secretaría de Economía”.

El programa federal ayudó a Relieve, aunque el cargo como funcionario de Wenceslao Martínez impedía este movimiento. Además, la empresa Cavalia S.P.R de R.L obtuvo beneficios desde el sexenio de Felipe Calderón.

De Quintana Roo para el mundo

Vinícola El Cielo creó los vínculos entre Quintana Roo y Baja California. ¿La razón? Gustavo Ortega Joaquín, político quintanarroense y exalcalde de Cozumel y primo hermano del priista Pedro Joaquín Coldwell.

Y justo en la “bonanza” del sexenio de EPN, la empresa recibió cuatro apoyos federales de la Secretaría de Economía y Sagarpa.

Con el nombre de Vinícola El Cielo, la empresa Hoteles y viñedos del Valle de Guadalupe S.A. de C.V. —integrada por Ortega y José Luis Martínez Alday, presidente del Grupo Lomas Travel, ubicado en Quintana Roo y dedicado a actividades turísticas— ha incursionado en la gastronomía y hospedaje.

En total, los “incentivos” que ha recibido por parte del gobierno federal —entre 2013 y 2016— suman un total de 1,738,677.70 pesos.

¿Qué tal? Estas son las historias detrás de algunas empresas vinícolas y que HuffPost México. Si te interesa leer la investigación completa puedes hacerlo en: Las Viñas del poder.

**Foto de portada:

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