Ya en el Foro de São Paulo se había condenado el “intervencionismo” de Estados Unidos en la crisis social que vive Nicaragua, sin embargo, este día la Casa Blanca hizo pública su postura y condenó la violencia que ha golpeado a este país latinoamericano.
En un comunicado, la administración de Donald Trump señaló a los líderes de este país —ya saben, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega— por los hechos de violencia que no han cesado en las calles y en contra de su población, en especial de los estudiantes.
De acuerdo con el comunicado, lo que han hecho estos funcionarios es una serie de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y todo para reprimir las protestas.
La Casa Blanca así lo dijo:
“El presidente Ortega y la vicepresidente Murillo son los responsables de la parapolicía progubernamental que ha brutalizado a su propio pueblo“.
El comienzo de posibles sanciones
Según el gobierno norteamericano —tal como lo ha considerado en el caso de Venezuela— la respuesta para detener a esta ola de violencia sería la realización de elecciones a nivel nacional. José Daniel Ortega llegó a la Presidencia de Nicaragua en 1979 y dejó el cargo en 1990, para después regresar el 10 de enero de 2007 en lo que supone dos periodos presidenciales que juntos superan lo 20 años en el poder.
Por lo pronto, Donald Trump señaló a tres funcionarios nicaragüenses —Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López— “en virtud de la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción“.
Se supone que estas acciones son parte de las posibles sanciones que lleva a cabo Estados Unidos —como la revocación y restricción de las visas de los funcionarios responsables de la violencia, represión y conformación de la parapolicía de Nicaragua—.
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Mientras, en una entrevista para CNN en español, el presidente de Nicaragua admitió que desde abril de este año han muerto 195 personas en contexto de las protestas contra su gobierno.
**Foto de portada: EFE.