Cuando escuchas que los feminicidios se acaban de convertir oficialmente en delito grave en México, lo primero que viene a tu mente es: “Ya era hora”. O tal vez, lo que se te ocurre es alguna variación de: “¿Cómo nuestras autoridades se pudieron tardar tanto?”.
¿Cómo, en un país con más de tres mil mujeres asesinadas al año, el delito de feminicidio no era grave hasta hace algunas semanas? En realidad, la respuesta es mucho más compleja de lo que parece.
Cuando en México hablamos de “delito grave”, no nos referimos al significado popular de la palabra, sino a un concepto legal mucho menos atractivo para el tuitazo o para hacer propaganda política. Cuando un delito se considera “grave”, no se discute la violencia o el dolor que le pudo causar a sus víctimas, solo se está debatiendo si ese delito amerita prisión preventiva oficiosa.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva es una medida cautelar que sirve para tener bajo arresto a los acusados —palabra importante— de un delito sin que hayan sido condenados. En la prisión preventiva no aplica la fianza y los acusados estarán detenidos hasta que llegue la fecha de su juicio.
De acuerdo a las leyes mexicanas, la prisión preventiva puede aplicarse para cualquier delito, la única condición es que la pida el Ministerio Público cuando la considere necesaria.
Normalmente, se utiliza cuando hay riesgo de que la persona acusada se de a la fuga, cuando las autoridades necesitan más tiempo para la investigación o cuando se necesita proteger a las víctimas y a los testigos.
Una palabra lo cambia todo
Por lo tanto, la prisión preventiva oficiosa significa que el ingreso a la cárcel es obligatorio y automático. Es decir, el Ministerio Público ya no tiene que pedirle a los jueces que lo implementen —ni probar que es necesario—, simplemente se decreta.
Las leyes mexicanas únicamente aceptaban esta medida para delitos como la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro y la trata de personas. A partir de lo aprobado por los diputados a finales de febrero de 2019, el feminicidio estará también en esa lista.
Entonces, de acuerdo al dictamen que aprobaron en San Lázaro, si una persona es acusada de feminicidio, tendrá que llevar automáticamente el proceso desde prisión.
¿Es la decisión correcta?, ¿la prisión preventiva ayudará a proteger a las víctimas o simplemente es una medida que viola la presunción de inocencia de los acusados? Conoce todos los puntos del debate, las historias de las víctimas y cómo se investiga un feminicidio en nuestro reportaje #NosEstánMatando.