Desde el pasado 15 de enero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de Derechos Humanos, y Antonio Díaz Valencia, profesor líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán, fueron secuestrados y desaparecidos.
Ahora la comunidad y organizaciones de todo el país exigen que aparezcan con vida a la voz de ya.
Dos activistas contra la minería están desaparecidos
El pasado domingo 15 de enero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de Derechos Humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, acudieron a una asamblea en el auditorio comunal de Aquila.
Al salir se subieron a una camioneta pick up blanca, marca Honda, con dirección a la capital de Colima. La última vez que se comunicaron fue en el puente Coahuayana, en Michoacán, a las 18:50 de ese mismo día.
Más tarde encontraron la camioneta en la que viajaban en la carretera federal, en la zona de topes de Cerro de Ortega. El vehículo tenía impactos de bala pero no había nadie.
De acuerdo con una petición de Change.org por los familiares de las víctimas, el abogado Ricardo Lagunes estaba acompañando legalmente a la comunidad indígena de Aquila por la actividad minera que está teniendo impactos graves en la zona.
Es importante mencionar que el abogado contaba con medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
¿Qué es lo que pasa en Aquila?
Hace no mucho tiempo, a principios de este 2023, las autoridades comunales de Aquila acusaron a la empresa Termium de no cumplir con los compromisos que asumieron con los comuneros desde marzo de 2012.
La empresa es la concesionaria de la mina de hierro Las Encinas.
Fue desde finales de los años 80 cuando el gobierno estatal concesionó 73 hectáreas para la extracción de hierro. A los comuneros les daban en un inicio mil 200 pesos anuales por regalías por usar la tierra y luego de protestar, aumentó a mil 600 pesos.
Por ahí de 2011 se volvieron a manifestar porque las regalías por la explotación de la tierra era muy poca y el 19 de marzo de 2012 la empresa acordó con los comuneros que cada uno recibiría 15 mil pesos al mes.
Y no solo eso. La empresa también s comprometió a construir una clínica, puentes peatonales, mantenimiento, reforestación, etc. Pero eso no ha ocurrido, explica un comunero a La Jornada.