Debido a la inflación cada vez es más común la frase “quién sabe en qué se me va la quincena”. Pues bien, parece que el gobierno ya se dio cuenta de la situación (¿apenas?), por lo que prevé entrar en acción con medidas acordadas con algunos de los empresarios más pesados del país.
“Se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento a los precios, la carestía”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera de ayer, 3 de rocktubre.
Dicho acuerdo fue explicado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Y más o menos consiste en lo siguiente:
Para ir contra la inflación, el gobierno federal otorgará a las empresas firmantes del acuerdo una licencia única universal, la cual las librará de trámites o permisos para realizar actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de sus productos.
Quién sabe qué tan buena idea sea (y qué tanto ayudará a disminuir la inflación), pero con el acuerdo también las eximirá de entregar cuentas al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senasica, así como a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Lo anterior quiere decir que la calidad de lo que se entregue al consumidor se basará en la confianza que se merecen los empresarios. Así como lo leen: “se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad”.
De acuerdo con Ramírez de la O, de lo que se trata es de quitarle a los empresarios todo aquello que encarezca u obstaculice la importación y exportación de alimentos… y, claro, también la forma en que estos se mueven dentro del país.
Aunque todo esto parece que nomás beneficiará a productores extranjeros, el funcionario señaló que el gobierno de AMLO atenderá con interés a la producción nacional, en especial los casos en los que hay situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra cosa que las empresas no pueden superar por cuenta propia.
“El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos desficitarios y cancelará, por el periodo de este acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos”, anunció Ramírez de la O.
En otro tema, el titular de Hacienda reafirmó la posición del gobierno de AMLO: “se mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018”.
Otro punto para tratar de contener la inflación es la congelación de las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), así como las administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Esta medida tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2023.
Al enumerar los 10 puntos del acuerdo contra la inflación (que a la mera hora no distinguió del todo bien), el titular de Hacienda previó que la adquisición de la canasta básica tendrá una reducción del 8%. Esto quiere decir que si actualmente obtener los 24 productos que la conforman cuesta mil 129 pesos, próximamente costará “sólo” mil 39 pesos.
En cuanto al precio de la tortilla, los empresarios se comprometen a no elevar su costo. Al menos en lo que dura vigente el acuerdo con el gobierno federal. Además de no subir el precio, habrá un “esfuerzo” para que baje, mínimo, 3% del precio máximo actual.
Todo lo anterior entrará en vigor en cuento se publique el respectivo decreto en el Diario Oficial de la Federación. Eso deberá ocurrir… pues, ya.