El viernes 6 de junio, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hizo una polémica recomendación a los habitantes de Guerrero durante su gira por la Costa Grande: exigir que el tema de la interrupción legal del embarazo fuera llevado a una consulta popular. El Peje dijo esto luego de que el Congreso de Guerrero echara atrás la iniciativa del gobernador Ángel Aguirre para legalizar el aborto en el estado. No es la primera vez que hace esta recomendación. Durante su campaña presidencial, prometió llevar a consulta ciudadana este y otros temas sobre derechos.
Durante los días que han seguido, los reclamos en contra de AMLO por parte de grupos que buscan la legalización de la interrupción del embarazo no han faltado, pero, ¿por qué?, ¿no es la opción que el Peje sugiere una idea verdaderamente democrática?, es decir, es incluyente, considera a las mayorías y todo eso, ¿no?, ¿por qué la indignación?
Bien, esta es una cuestión delicada, pero bastante fácil de comprender: la legislación referente a derechos individuales no se puede someter al gusto de una mayoría. Más allá de que estés de acuerdo o en desacuerdo con la interrupción legal del embarazo, queremos hacer acento en el método para tomar una decisión legislativa al respecto.
Imagina que se pusiera a consulta popular la cuestión de si los panistas merecen los mismos derechos que los perredistas en una región en la que la mayoría simpatizara con este último partido. O bien, imagina que se pusiera en duda la capacidad de participación ciudadana de los pelirrojos y se sometiera a consulta ciudadana si tienen derecho a votar.
Es imposible que los derechos y libertades de uno se sometan a la voluntad de muchos. En efecto, un principio de la democracia es justamente que la mayoría no puede oprimir a la minoría, puesto que la minoría no podría hacer uso de su espacio de derecho, lo que, bueno, básicamente significaría suspender la democracia. La relación entre mayoría y minoría en una democracia no es la de sometimiento o suspensión de derecho de las minorías, sino la de acato de las minorías sobre las decisiones ejecutivas de las mayorías.
En el caso de la interrupción legal del embarazo, el absurdo de llevarlo a consulta popular tendría que hacerse claro tanto desde el lado de los que están en favor de su legalización, como del lado de los que están en su contra. Los que están a favor, dicen que la interrupción del embarazo es un derecho que las mujeres tienen sobre su cuerpo, y ciertamente sería absurdo consultar a las mayorías sobre el derecho individual que cualquiera tiene sobre su propio cuerpo. Los que están en contra, afirman que legalizar la interrupción del embarazo implica legalizar el asesinato de una minoría vulnerable, a saber, los embriones o fetos dentro del útero. Ellos también deberían estar en contra de llevar este asunto a consulta popular, pues resultaría absurdo consultar a las mayorías para decidir sobre la vida de una minoría vulnerable.
La democracia debe tener un espacio mínimo de derechos que no pueden suspenderse a nadie por el deseo de la mayoría: ese espacio es el de la libertad de acción y expresión, sin el cual, la democracia no podría ser y ni siquiera tendría razón de ser, pues, ¿qué es lo que se buscaría defender a través de un sistema de gobierno representativo si no justamente aquella libertad de acción y expresión?
Un centenar de mujeres organizadas enviaron una carta a López Obrador en la que se leía:
“Le manifestamos nuestra más profunda extrañeza ante las recientes expresiones que usted ha emitido en detrimento de la iniciativa de reformas a la Ley de Salud y el Código Penal de Guerrero, y le hacemos un atento llamado a que rectifique su postura y asuma una que sea congruente con las causas sociales de las izquierdas y a favor de los derechos de las mujeres mexicanas”
Y más adelante:
“Los derechos no se someten a consulta. Los derechos de las mujeres ya están garantizados por múltiples compromisos internacionales asumidos por México de manera formal, por lo que es deber del Estado convertirlos en hechos reales con leyes y políticas públicas, así como obligación ética de los políticos y líderes de izquierda promoverlos, defenderlos y apoyarlos”.
A lo anterior, queremos agregar que no es una cuestión de izquierda o de derecha la de intentar llevar a consulta popular un derecho básico individual o de una minoría. Se trata, más bien, de una estrategia común del populismo, es decir, una estrategia de aquellos que buscan la satisfacción de las mayorías pasando por encima de los más básicos derechos de algunos individuos. El populismo es un fantasma que persigue tanto a la izquierda como a la derecha, e incluso a las posturas de centro: no reconoce color ni tendencia, reconoce mayorías, pero no un estado de derecho.
Este es un error típico de muchos candidatos y líderes de opinión: intentar darse baños de democracia al proponer que se someta a consulta ciudadana absolutamente TODA iniciativa de ley.
Existen, por supuesto, iniciativas para las que la decisión de la mayoría resultaría importante. Se trata de aquellas iniciativas que, de convertirse en leyes, afectarían a todos por igual, como algunas reformas estructurales, incluyendo la Reforma Energética. Es evidente que a todos nos interesaría opinar y tener efectos sobre una regla que deberemos seguir uniformemente y que afectará el modo en que vivimos, más aun cuando se considera que esas decisiones afectarán los recursos de todos. Sin embargo, los derechos individuales o de asociación no pueden someterse a la voluntad de nadie, ni siquiera en el caso en que esa voluntad sea la de la mayoría.
Así, aunque las encuestas muestren que la mayoría quisiera que la religión católica se oficializara en el país, o bien, que el ateísmo debiera ser la regla, un estado democrático NO podría someter aquella legislación al gusto de las mayorías, por irónico que pueda sonar.
La legislación en torno a la interrupción legal del embarazo no puede tomar como base el deseo de la mayoría, incline éste la balanza hacia un lado o hacia otro (este populismo de izquierda es el mismo populismo que ejerce la derecha en los estados conservadores, como Nuevo León). Algo similar aplica para otras legislaturas polémicas, como la legalización de la marihuana, la eutanasia o la donación automática de órganos. Esos son temas para debatir con argumentos en un espacio adecuado con expertos en el tema y bajo consideración de hechos, no para votar por mayorías.
Esta observación no quiere significar que las mayorías no son competentes o que carecen de preparación para votar al respecto. Lo que quiere decir es que ni la opinión ni la voluntad de muchos o pocos pueden condicionar el ejercicio del derecho de una persona, ni la determinación de si algo debe llegar o no a ser un derecho individual.
No es la primera vez que López Obrador hace este tipo de declaraciones. En campaña dijo lo mismo sobre el matrimonio LGBT y la legalización de la marihuana.
Solo podemos decir: imagine, ex candidato, que se pusiera en tela de juicio su derecho a opinar en torno a este o cualquier otro tema, y que tal derecho quisiera resolverse a partir de una votación nacional… afortunadamente, tal método no existe legalmente.
José Manuel de León Lara
Vía: Proceso