En dos años, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha otorgado becas por un monto global de 250 millones de pesos (menos de lo que la Cámara de Diputados destinó al mantenimiento del Palacio Legislativo), la cosa es que lo hicieron sin tener idea de quiénes eran los beneficiados ni el aprovechamiento de este dinero.
Según el Reforma, si algo tiene nuestra Asamblea Legislativa es «buena fe» y es que entregó a 12 escuelas privadas recursos para beneficiar a 48 mil alumnos, pero nunca exigió desempeño académico mínimo a esos estudiantes para mantener la beca.
El convenio (del que Reforma tiene copia) se cumplía sólo con que las universidades privadas reportaran, bajo protesta de decir verdad, a cuántos alumnos admitiría cada una.
La reglas del fideicomiso explican:
«Las instituciones deberán cumplir en todo tipo de información que envíen al Comité Técnico la leyenda que señalen estas reglas, bajo protesta de decir verdad, dichos datos y reportes serán responsabilidad de los rectores o directores que constituyan la máxima autoridad de la institución»
«Los recursos económicos de la beca se canalizarán a las instituciones participantes (Red de Servicios Educativos) los primeros cinco días naturales de cada mes vía electrónica a las cuentas bancarias correspondientes»
La Red de Servicios estaba integrada por 12 instituciones privadas que, de acuerdo con los reportes, durante el 2012 tenían 4 mil 40 beneficiarios, para los cuales destinaron 60 millones de pesos. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, es igual a dar 14 mil 851 pesos por alumno.
Tres de estas universidades están involucradas en una denuncia que presentó nuestra Asamblea Legislativa ante la Procuraduría por el desvío de 11 millones de pesos en el que participaron 3 empleados del fideicomiso.
La Universidades en cuestión son: República Mexicana, Universidad Insurgentes y la CUGS.
Recordemos que este mismo periódico ha estado en el tema y fue a cuestionar a las autoridades de dichas universidades sobre el tema, pero no recibieron respuesta alguna.
En el Caso de la Universidad Insurgentes, se solicitó una entrevista con la Rectora Argelia Hernández, los canalizaron con la encarga del área de Relaciones Públicas, Jocelyn Paulín, ésta les pidió un cuestionario, se lo enviaron, se confirmó que lo habían recibido, pero nunca respondieron.
No se pudieron comunicar con las autoridades de la Universidad de la República Mexicana ya que «no se encontraban».
Y en el caso de la CUGS, no se estableció contacto alguno, ya que los teléfonos que la escuela indica en su página de Internet no existen.
Los empleados del fideicomiso que se vieron involucrados en el fraude son Miguel Ángel Zamorano Álvarez, Fransisco Javier Navarrete Pérez y Javier García Olvera, quienes falsificaron las firmas de siete diputados para desviar los 11 millones de pesos.
Es por eso que nuestra Asamblea Legislativa denunció ante la Procuraduría de Justicia del DF esta «irregularidad», pues se habían transferido a la Universidad Insurgentes, 4.3 millones de pesos, a la Universidad de la República Mexicana 3.6 millones y a la CUGS 2.5 millones.