El pasado 11 de enero el Instituto Nacional Electoral presentó una serie de medidas de austeridad para solidarizarse con la ciudadanía, después del impacto del gasolinazo, y destinar ese dinero en su beneficio. Entre las decisiones se encontraba la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios para el organismo, así como la reducción del 10% del salario de los once consejeros electorales y 21 funcionarios del instituto. Esta decisión no cayó bien en el consejero Benito Nacif Hernández, quien impugnó la determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El consejero Nacif Hernández argumentó que la medida violaba “los principios de certeza y legalidad que deben regir la actuación del instituto”, que el organismo debe cuidar su credibilidad, además que la determinación transgredía la Constitución Mexicana. Es decir, que según las normas del INE, los consejeros no pueden renunciar a la remuneración a la que tienen derecho y que el artículo 123 constitucional indica que los salarios de los funcionarios son fijados en el presupuesto y que no pueden ser disminuidos durante la vigencia del mismo.
Nacif le dirigió una carta a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en la que indicaba que estaba dispuesto a trabajar para encontrar oportunidades de ahorro, “pero siempre dentro de la Constitución y la ley”. Córdova contestó que la reducción salarial del 10% era legal y constitucional, aunque dijo respetar los puntos de vista de los otros consejeros. Este jueves 9 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a Nacif Hernández y declararon inválido el acuerdo al que había llegado el INE en enero.
De acuerdo con los magistrados, la Junta General Ejecutiva del instituto “carece de competencia para decretar la disminución de la remuneración lo cual deja patente una violación directa a la Constitución”. Después del fallo del Tribunal, la reducción salarial —y el ahorro que suponía— quedó sin efecto y las percepciones para los consejeros seguirán como estaban originalmente previstas. Los consejeros, en caso de que la medida hubiera entrado en vigor, habrían percibido 160 mil 182 pesos, en lugar de 177 mil 466 pesos.