La idea de ver un nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva cada vez se ve más lejana. Lo que en estos momentos tiene ocupada a la gente del expresidente brasileño es que éste conserve su libertad, luego que el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4) se negó a cambiar la decisión de condena contra el exmandatario, lo cual abre el camino para que el petista pise la prisión.
De acuerdo con Folha de São Paulo, los jueves determinaron apenas reajustar el texto de la decisión ya dada a conocer con anterioridad pero, por el contrario, rebatieron los pedidos de anulación del proceso que se le sigue al expresidente por actos de corrupción. Con este punto, la defensa del expresidente todavía tiene la opción de presentar un nuevo recurso de apelación.
Lula no puede ser preso, al menos hasta el 4 de abril, cuando el Supremo Tribunal Federal tiene previsto decidir sobre el habeas corpus presentado por los abogados del exmandatario. De concederse ese recurso, la sentencia contra Lula será paralizada… pero si no, el petista no tendrá más remedio que ir a prisión, si es que el juez Sergio Moro decide ejecutar esta decisión que ya está prevista desde agosto de 2017. De hecho, la condena ha ido en aumento: apenas en enero pasado, la pena se estableció de nueve a 12 años y un mes, por el cargo de corrupción y lavado de dinero.
Pese a esta situación, el petista continúa encabezando el recorrido de una caravana por Brasil, de cara a las próximas elecciones presidenciales en las que se contempla como contendiente.
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— Instituto Lula (@inst_lula) 27 de marzo de 2018
El exmandatario fue acusado por el Ministerio Público Federal de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos con Petrobras. Desde siempre Lula negó las acusaciones… sin embargo los recursos en su contra son contundentes y continúa intentando responder a otras seis acciones relacionadas con el caso Lava Jato (sí… aquel en el que está inmerso la constructora Odebrecht) y, por como se ve el asunto, el panorama no le es muy favorecedor: dos de esas causas están a cargo de Moro y otras cuatro por la Justicia Federal de Brasilia.
En enero, cuando se decidió elevar la pena contra Lula, el juez encargado señaló que se tomó en cuenta el hecho de que el acusado había ocupado el cargo más alto que alguien puede ostentar en Brasil: “es un elemento sumamente importante”, dijo el magistrado, “la práctica de crímenes en el ejercicio del cargo o en función de él, es algo incompatible”. Desde luego, el señalamiento fue hecho tras analizar las pruebas en contra del expresidente y determinar que la participación de éste en desvíos de recursos de Petrobras era “inequívoca”. “hay elementos de sobra para demostrar que [Lula] participó en los crímenes de forma libre y consciente, para viabilizar esos crímenes y perpetrarlos”.