Mientras la comisión encargada de los Derechos Humanos en México se entretiene con la detención del secretario técnico de la JUCOPO del Senado (y ojalá que de ahí se pase a otros casos en Veracruz), la comisión Interamericana (CIDH) pone ojo en lo que pasa en comunidades indígenas de Oaxaca. Y ya hasta emitió recomendaciones al Estado mexicano.
En respuesta a una solicitud hecha con el objetivo de poner atención a la violencia que sacude a varios municipios y comunidades de Oaxaca, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución con la cual otorgó medidas cautelares a familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonuyuji.
La medida, según el comunicado emitido por la CIDH, también es en favor de cinco personas desaparecidas en un contexto de actos de violencia en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca.
“No se conoce el destino o paradero de Mayolo Quiroz Barrios desde el 10 de octubre de 2021, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño desde el 23 de octubre de 2021, e Irma Galindo Barrios desde el 27 de octubre de 2021”, denuncia la CIDH.
Los solicitantes de la medida cautelar de la comisión Interamericana acusaron que, además de la desaparición de cinco personas, alrededor de 300 han sido obligadas a abandonar sus hogares en las comunicades de Guerrero Grande y de Ndoyonuyuji. Un desplazamiento no sólo por la violencia de la región, sino porque sus viviendas fueron quemadas.
“La CIDH observó que el desplazamiento de las familias debido a la quema de sus viviendas reflejó la seriedad de la violencia que se viviría en las referidas comunidades”, se agrega en el comunicado en el que se indica que el Estado mexicano tiene conocimiento de la situación que se vive en la mixteca de Oaxaca y que, pese a intentos de diálogo, nomás no se puede alcanzar la paz anhelada.
De acuerdo con Aristegui Noticias, la violencia que se vive en las comunidades de Oaxaca se debe a la defensa que éstas hacen de su territorio ante la tala ilegal que se reporta en la montaña alta de la mixteca. Según testimonios de habitantes, dicha tala es ejecutada por grupos protegidos por autoridades locales y agrarias.
Ante la situación, la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las familias indígenas de las comunidades de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji. En especial, proteger a las mujeres, niñas y niños, así como a las personas mayores.
También se le pide garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones y agresiones… y, además, continuar con los trabajos de búsqueda de las cinco personas desaparecidas.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”, aclara la CIDH.