Durante el primer año de administración de Peña Nieto, la tasa de secuestro aumentó 24.9%. ¿Cómo enfrentará su administración uno de los más grandes retos en seguridad?
Aunque la política de seguridad de Enrique Peña Nieto parecía comenzar con una ligera reducción en los índices de homicidio, el conflicto en Michoacán, así como el abrumador aumento en la tasa de secuestros, han puesto en jaque su estrategia. Su ambigua posición frente a las autodefensas y el crimen organizado no sólo ha prolongado un conflicto de magnitudes cada vez más peligrosas sino que ha retrasado la puesta en marcha de su estrategia antirrapto.
Aunque durante su periodo presidencial, Vicente Fox creó unidades especializadas en la lucha contra el secuestro, para el final de sexenio de Felipe Calderón, el número de raptos no había disminuido debido a una monotemática estrategia de seguridad que aplicó todos sus recursos a una infructífera lucha contra el narcotráfico. En efecto, Calderón se esforzó por reducir el problema del crimen organizado a una sola de sus caras. Con toda la lucha focalizada en la venta de drogas, otras actividades de agrupaciones delictivas tuvieron una época de bonanza.
Aunque Enrique Peña Nieto buscó reducir la cobertura mediática sobre la violencia, su estrategia de seguridad no difirió esencialmente de la de su antecesor, y en algunos ámbitos, como el secuestro, ha fracaso de manera aún más notoria. Tan sólo en su primer año de gobierno, este crimen se ha incrementado un 24.9% según datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. En algunas entidades, el crecimiento llegó a 70%. Aunque se presentaron mil 500 denuncias en ese periodo, el Inegi dio a conocer el año pasado que en 2012 se cometieron 105 mil secuestros y que de ellos, 92% no fueron denunciados.
El Gobierno Federal proyectó la creación de una nueva unidad antisecuestro para principios de enero, pero la intervención en Michoacán retrasó el plan. El Ejecutvo adelantó que no contará con un titular independiente, sino que estará subordinada a la estructura ya existente. Por su parte, María Elena Morera, presidente de Causa Común, organización que busca brindar apoyo a víctimas de secuestro y familiares, recomendó en una reunión con Osorio Chong que las unidades especializadas
“no sean utilizadas para otros delitos. Así se corrompen. A Mondragón (comisionado nacional de seguridad) no le ha interesado el tema y Damián Canales (jefe de investigación de la policía federal) y su equipo no responden. Es más necesario que nunca este plan”.
Constantemente, las extorsiones y secuestros son orquestados desde cárceles a través del uso de celulares, por lo que se vuelve urgente que la estrategia contemple inhibidores de señales en los centros penales.
Si bien es cierto que el papel de las unidades de seguridad deben estar claramente establecidos y plenamente diferenciados, también es necesario un plan integral de lucha contra el crimen organizado que trascienda los límites del narcotráfico y que tome en cuenta todo espacio de surgimiento de grupos.
Vía: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El País.
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