De acuerdo con la organización Cubalex, hasta el 7 de febrero de 2022 se tenía un registro de 728 personas detenidas tras las protestas que se desataron en la isla a partir del 11 de julio de 2021. Del total de detenidos, 15 personas son menores de 18 años.
Y a pesar de las condiciones de represión en contra de la oposición y de la prensa en todo sentido, las cosas pintan para ponerse mucho peor. El pasado 20 de enero, el Tribunal Supremo cubano presentó un proyecto a la Asamblea Nacional para modificar el Código Penal.
El asunto es que entre estas modificaciones, por ejemplo, se encuentra la disposición de que quienes calumnien a funcionarios del régimen podrían pasar hasta un año en prisión. Pero si la calumnia va contra el presidente o contra altos funcionarios, la sanción se extiende hasta 3 años de prisión.
¿Prisión por calumniar al presidente?
Estas reformas son solo algunas de las más preocupantes. El anteproyecto que está en espera de ser votado propone que quien “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje y ofenda, de palabra o escrito, en su dignidad o decoro” a un funcionario público o autoridad del régimen, podrá enfrentar entre 6 meses y un año de prisión. Así como una multa de entre 100 a 300 cuotas.
Es decir, un tuit podría llevarte a prisión.
Pero no es lo peor. Si la calumnia es contra el presidente, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, miembros del Consejo del Estado o de Ministros, diputados, presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General, Contralor General de la República o el presidente del Consejo Electoral Nacional, la prisión aumenta hasta 3 años.
Y ya que estamos hablando de prisión, también se propone este tipo de sanción contra quien haga propaganda en contra del orden constitucional.
Quien incite al desorden social mediante la propaganda oral o escrita, así como quien haga propaganda contra el régimen, habrá sanciones de hasta 5 años de prisión. Pero si para la propaganda usa un medio de comunicación social, la sanción aumenta hasta 10 años. Para los responsables de los medios de comunicación social que permiten la anterior situación, la sanción es de hasta 3 años de prisión.
Un cerco para el periodismo en Cuba
Y si pensaban que ya había pasado lo grave, todavía falta. Si se aprueba este proyecto, los ciudadanos cubanos tendrán prohibido recibir fondos extranjeros. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CJP), esta medida busca silenciar a los periodistas y medios informativos independientes que dependen de este financiamiento para realizar sus actividades.
Sabemos que en Cuba los medios privados no son legales y los periodistas no pueden obtener financiamiento local. Aprobar esto implicaría la muerte del periodismo independiente.
El CJP afirma que este proyecto se podría a debate en abril pero, según han apuntado periodistas y activistas, el legislativo cubano nunca vota contra una propuesta del régimen. Es más, estas propuestas pasan a ser aprobadas con los ojos cerrados.