Han pasado 10 años desde la accidentada toma de protesta del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El 1 de diciembre de 2006, en medio de empujones y tras una polémica elección, el exmandatario asumió su cargo y pronunció un discurso que marcaría el tono de su sexenio. ¿El punto medular de su speech? La lucha contra la delincuencia organizada.
“Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas”, dijo entonces Calderón Hinojosa a la vez que aseguraba que él estaría en el frente de esa batalla y que “unidos los mexicanos” se le ganaría a la delincuencia. Solamente 10 días después, se anunció la realización del Operativo Conjunto Michoacán: el primer despliegue de fuerzas armadas para recuperar territorio en manos del crimen organizado.
El 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció una estrategia frontal contra el narcotráfico; estrategia de seguridad militarizada que trajo consigo ejecuciones masivas, tortura, desaparición forzada, ataques a defensores de derechos humanos y asesinato de periodistas.
El saldo de la guerra contra el narco
De acuerdo con el periódico Reforma, la guerra contra el narcotráfico le ha costado 1.8 billones de pesos al Estado mexicano. Durante este periodo se han registrado aproximadamente 170 mil homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque algunos otros estudios reportan que la cifra se acerca a los 200 mil asesinatos. El número de personas desaparecidas desde que inició la guerra contra el narco asciende a más de 29 mil casos, mientras que, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, solamente entre 2011 y febrero de 2015, se registraron más de 281 mil casos de desplazamiento forzado por la violencia.
La Secretaría de Defensa Nacional ya contabiliza 265 mil operaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, mientras la Secretaría de Marina contabiliza 37 mil casos. Según cifras obtenidas por El Universal, durante estos 10 años las Fuerzas Armadas han sostenido 3 mil 916 enfrentamientos con miembros del crimen organizado.
El debate sobre el ejército en las calles
Ante las debilitadas, infiltradas y corruptas organizaciones policiacas del nivel municipal, estatal y federal, la estrategia de Calderón Hinojosa consistió en utilizar al Ejército Mexicano y la Marina, dos de las instituciones con mayores índices de aprobación, para hacer labores policiacas para las que no están entrenadas. Sin embargo, el número de homicidios y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han aumentado desde que las Fuerzas Armadas tomaron cargo de la seguridad interior en el país.
Además que sus niveles de aprobación han bajado drásticamente, la percepción sobre las instituciones se ha desgastado. El pasado viernes 9 de diciembre, el mismo secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, criticó la estrategia de seguridad afirmando que la violencia “no se resuelve a balazos“.
Cienfuegos también declaró que tanto el Ejército como la Marina no se sienten “a gusto” haciendo estas tareas, que su profesión se está desnaturalizando, que los soldados y marinos no están capacitados para perseguir delincuentes y que estaría a favor de que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles a realizar sus tareas constitucionales.
Y a todo esto, ¿cuáles son las funciones del Ejército?
De acuerdo con lo estipulado en el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las funciones de las Fuerzas Armadas son:
I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
II. Garantizar la seguridad interior.
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La falta de adiestramiento de las Fuerzas Armadas ha traído consigo “daños colaterales” y ejecuciones extrajudiciales como el caso Tlatlaya, la detención y ejecución de una persona por parte de elementos de la Marina en Nuevo León, el uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Policía Federal y el Ejército en Apatzingán. Cienfuegos declaró que los soldados no se han formado para perseguir delincuentes y que, por lo tanto, se hallan en permanente riesgo de violar derechos humanos.
El presidente Enrique Peña Nieto contestó las críticas cantinfleando que los soldados y marinos no están necesariamente para hacerse cargo de tareas que corresponden a las policías investigadoras y procuradurías, pero que aun así seguirán realizando labores de seguridad pública mientras se profesionaliza a la policía.
La Ley de Seguridad Interior y su polémica
El Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para una nueva Ley de Seguridad Interior. La propuesta fue elaborada por los diputados priistas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo y en ella se propone entregar a la milicia facultades para investigar y perseguir delitos. En caso de que se aprobara el documento, señala el periodista José Cárdenas, a las operaciones militares de rutina —como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre— se les sumarían “otras que puedan ser necesarias”.
Si se aprobara la propuesta de ley, soldados y marinos podrían utilizar cualquier método para obtener información: ya sea intervención de correos electrónicos, tareas de geolocalización o espionaje telefónico. Según el periodista Carlos Puig, la iniciativa para crear la nueva legislación propiciaría que los estados y municipios pusieran en manos de otros la responsabilidad de procurar seguridad, en lugar de construir policías y procuradurías limpias… además de que a la larga daría nuevos recursos y potestades al Ejército, mismos que después no querrán dejar.
De acuerdo con la politóloga Denise Dresser, la iniciativa responde a un chantaje del General Cienfuegos, quien busca que busca que se legisle para darle “protección legal a aquello que los militares hacen extralegalmente”.
¿Con qué amenaza el titular de la Sedena? Según la comunicadora y académica, “Milfuegos” amenaza con un motín militar si no se le da a las Fuerzas Armadas la cobertura constitucional que requiere para seguir en las calles.
La nueva Ley de Seguridad Interior está sustentada en un bucle infinito de vicios: como no hay policía confiable y limpia, necesitamos al Ejército, pero mientras los militares estén en la calle, no se profesionalizará a las policías. El columnista y académico Leo Zuckermann, considera que el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico es que, justamente, se careció de definir elementos puntuales.
Según el egresado del Colegio de México, la “guerra contra el narcotráfico” no puede ser catalogada como tal, pues nunca se definió un enemigo claro y sólo se refirió como objetivo, de manera general, al narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia; “todo, y por tanto, nada”. Tampoco se tiene claro cuál es la meta del conflicto y cuándo finalizará (“¿Al haber rescatado Michoacán del control territorial que ejercían la Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios? ¿Al erradicar a Los Zetas?”).
¿El regreso de los militares y marinos a los cuarteles traería necesariamente consigo un realce en los niveles de violencia?
¿Y si es al revés?