Ayer les comentamos cómo en otros países ya le andan echando el guante a varios funcionarios que aceptaron sus buenas mordidas por parte de la empresa brasileña Odebrecht. En este caso -conocido como “Lava Jato”- no está exento México. Hace unos días se dio a conocer que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido 5 millones de dólares a cambio de otorgar beneficios a la constructora del ya entambado Marcelo Odebrecht…
Pero momento. Lo anterior no está relacionado al encabezado de esta nota. Bueno no tanto. Si en otros países lo acusan de actos de corrupción, entonces no hubiera sido tan descabellado investigar a Lozoya, para determinar si no “se arregló” con otra empresa conocida por estas tierras: la española OHL. Sin embargo, diputados determinaron que el exdirector de la paraestatal mexicana no podía ser llevado a juicio político… no por ser inocente, sino porque se venció el plazo legal para hacerlo rendir cuentas.
De acuerdo con Proceso, Lozoya fue exonerado de juicio político debido a que este proceso “sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después”. Y bueno, como Lozoya dejó su cargo en febrero de 2016 y la solicitud de juicio se presentó hasta el 1 de marzo del mismo año, pues ya fue… Sin embargo, la diputada que presentó la solicitud de juicio, la morenista Rocío Nahle, denunció que los presidentes de la Subcomisión de Examen Previo dejaron pasar el tiempo, para así poner de pretexto que el plazo para analizar la solicitud había concluido.
Para solicitar juicio político contra Emilio Lozoya, la también coordinadora de Morena presentó grabaciones del 2015 en las que -presuntamente- hay arreglos políticos con el exdirector de Pemex y el entonces director de la CFE, Enrique Ochoa (sí, el hoy dirigente del PRI… el que pide renuncias para combatir la corrupción). En audios, los funcionarios acuerdan beneficiar con licitaciones a la empresa española OHL.
Aunque Nahle solicitó hasta 2016 que Lozoya fuera llevado a juicio político, los casos de corrupción ya eran denunciados desde 2015.
Además de las grabaciones, Nahle presentó como pruebas análisis hechos a Pemex por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2012 a 2014, en los que además de detectar irregularidades en el otorgamiento de algunas licitaciones, también se encontraron responsabilidades administrativas en la muerte de trabajadores que sufrieron accidentes en instalaciones de la paraestatal.
Aún falta que el dictamen pase a consideración de la Cámara de Diputados, pero bueno, en caso de que le den visto bueno… ahí será para la otra. Total, pruebas existen. Nomás falta que hagan los trámites a tiempo…