El día de hoy, en punto del mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma financiera aprobada el año pasado por las cámaras legislativas.
La reforma financiera tiene como objetivo hacer crecer las facilidades de crédito a la ciudadanía, por un lado, y a las instituciones fiscales. Las modificaciones legislativas quitan trabas burocráticas, tanto a personas físicas como morales, para obtener préstamos y, simultáneamente, extienden el grupo de interesados en servicios fiscales hacia los más pobres. De este modo, la reforma financiera facilitará el endeudamiento al tiempo que la reforma fiscal aumenta los impuestos. Si consideramos que el salario mínimo no tendrá un crecimiento mayor a 3.5 pesos en regiones urbanas y 2.5 en las rurales, los riesgos de endeudamiento desmedido se acentúan con la nueva legislación.
Tanto Agustín Carstens, titular del Banco de México, como Luis Videgaray, hicieron hincapié en que el país ha sufrido un estancamiento en el crecimiento económico a partir de finales de los años setenta. Afirman que aumentar las facilidades de crédito solucionará todos los problemas derivados de aquella situación. Existen, por otro lado, buenas razones para pensar que el bajo crecimiento está asociado al desequilibrado esquema de mercado abierto que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.
El presidente sostiene, por su parte, que la reforma fortalecerá la solidez del sector financiero, reducirá las trabas para obtener un crédito, regresará la autoridad en materia de préstamo a las instituciones financieras y propiciará el crecimiento económico. Agradeció a los legisladores por facilitar ésta y todas las demás reformas estructurales con las que ha dado inicio su administración.
No obstante, la reforma ocurre en un panorama que no augura crecimiento económico para el país, al menos a corto plazo, lo que no favorece la capacidad de pago por parte de los deudores, mientras que sí engrosa la necesidad de adquirir una deuda. En otras palabras, habrá más deudores con menos probabilidad de pagar a tiempo.
Así mismo, la reforma aumenta las facultades de las instituciones financieras para actuar penalmente contra todos aquellos a los que se les dificulte el pago de préstamos a través de una interpretación más abierta de conceptos como “fraude”. Así mismo, prevé el embargo de bienes de deudores por parte de instituciones de crédito para cobrar deudas en caso de presentar irregularidades en los pagos.
A continuación, te mostramos una lista que puntualiza los principales cambios que la reforma financiera contrae:
- La reforma modificó el mandato original de los bancos de desarrollo para que tengan como objetivo fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros.
- Faculta al Consejo Directivo de los bancos de desarrollo para que pueda establecer una estrategia de rendimiento objetivo, determinando tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio.
- Se propone que los bancos de desarrollo tengan un manual y tabulador salarial competitivo con respecto al sector financiero.
- Las áreas legales de los bancos de desarrollo podrán defender a los directivos del Consejo de Administración y ex funcionarios por las consecuencias de decisiones tomadas en su labor diaria.
- Liberan de los fideicomisos a los bancos de desarrollo para su capitalización y permiten que se fondeen en el mercado de valores como un banco comercial.
- Coloca en la Ley de Instituciones de Crédito las normas dictadas por la CNBV para las reglas de capitalización bajo Basilea III.
- Eleva a rango de ley el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) para que sea permanente su función.
- Se fortalecerá a la Condusef para que sus determinaciones en defensa de los usuarios de servicios financieros sean obligatorias para las instituciones crediticias.
- Incluye la posibilidad de que los clientes transfieran sus créditos al consumo a otra entidad financiera, o sus operaciones bancarias a otro banco.
- Se creará un buró de instituciones financieras para que los clientes puedan comparar los servicios y los productos que ofrecen entre ellos.
- Prevé la posibilidad de crear una sociedad de información crediticia (buró de crédito) como entidad paraestatal que forme parte del sistema financiero.
- Mejora los procesos para que la figura de crédito garantizado permita el cambio de banco con créditos hipotecarios o de similares características, para fomentar la competencia en el sector.
- Modifica el código mercantil para que se cobren las garantías de crédito con juicios más expeditos y con jueces especializados.
- Se propone que la SHCP evalúe periódicamente a bancos, premiando con mayor acceso a financiamiento a aquéllos que demuestren tener un mayor compromiso con el crédito a las familias y personas morales.
- Permite a las sofipos, sofincos y cooperativas de ahorro y préstamo contratar a terceros (corresponsales) para que les presten aquellos servicios que sean necesarios para su operación, así como cobrar comisiones para realizar tales operaciones a nombre de las sociedades.
- Suprime el requisito de operación de dos años de las sociedades financieras populares previo a que sean autorizadas para captar recursos del público.
- Se prohíbe que los bancos tengan ventas cruzadas en el mercado de valores para evitar conflictos de intereses en el sector y afectaciones a los clientes.
- Incorpora en la Ley de Instituciones de Crédito un proceso especial dirigido por el Poder Judicial de la Federación para tratar a las instituciones de banca múltiple insolventes.
- Otorga al IPAB la función de liquidador judicial sin limitar la participación del Juez en todas las etapas de la liquidación judicial bancaria.
- Se modifica la ley de agrupaciones financieras para que los gobiernos extranjeros puedan intervenir matrices de instituciones financieras con presencia en México.
- Se prohíbe que los directivos de una institución financiera en México sean extranjeros si su controladora se encuentra intervenida por un gobierno extranjero.
- Se emite la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
- Se permite que inversionistas extranjeros tengan hasta 100% del control de aseguradoras y arrendadoras en México.
- Se aprueba compartir información de instituciones financieras en México con gobiernos extranjeros en caso de una investigación de lavado de dinero o de evasión fiscal.