¡Ah caray! EUA utilizó ubicación de teléfonos para rastrear migrantes ilegales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha estado utilizando la ubicación GPS de teléfonos celulares para detectar inmigrantes indocumentados y otras personas que puedan entrar ilegalmente al país. Así lo revela una investigación de The Wall Street Journal.

¿Cómo?

El diario estadounidense refiere que la administración de Donald Trump compró el acceso a una base de datos comercial que mapea los movimientos de millones de télefonos celulares en Estados Unidos.

Estos datos se obtienen a través de aplicaciones como juegos, clima y comercio electrónico a las que el usuario les dio permiso para registrar la ubicación del teléfono.

Foto: Spyzie

Con esta información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza busca actividad de teléfonos celulares en lugares “inusuales” como en el desierto, zona por la que miles de migrantes buscan el “sueño americano”.

Esta investigación revela que, de acuerdo con contratos de gastos federales, el Departamento de Seguridad comenzó a comprar datos de ubicación en 2017 a una pequeña compañía llamada Venntel Inc.

Fue en 2018 cuando ICE soltó 190 mil dólares por las licencias de la base de dados. Además se adquirieron licencias para tres tipos de software y los datos de ubicación por 1.1 millones de dólares.

Foto: Sipse

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza admitió que compró el acceso a los datos pero explicó que tiene protecciones de privacidad y límites sobre como es utilizada esta información. Dicen que solo acceden a una pequeña cantidad de datos, mismos que son anónimos.

En este sentido, el portavoz de ICE aseguró que no se utilizaban los datos de ubicación en las operaciones de deportación de rutina.

Fuentes consultadas por WSJ refieren que gracias a estos datos se descubrió un túnel creado por traficantes de drogas, mismo que llegaba a una zona cercana a un Kentucky Fried Chicken.

¿Es algo ilegal?

No y sí. Expertos consultados aseguran que esto parece estar en una base legal firme ya que el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial, tal como lo hace una empresa privada. La cosa es que el uso de esa información es un tema que no ha sido aprobado en los tribunales.