Un grupo bipartidista de ocho senadores –Cuatro por parte del partido Demócrata y cuatro por parte del partico Republicano– alcanzó un acuerdo para refundar el sistema de inmigración en Estados Unidos y legalizar a más de 11 millones de indocumentados, pero todo esto será posible en función de la seguridad fronteriza.
De aprobarse proyecto de ley de reforma migratoria, se eliminaría el sistema actual de visas por diversidad geográfica, limitaría la reagrupación familiar e implementaría un nuevo modelo de inmigración en función de los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores.
El proyecto ha sido negociado a lo largo de más de dos meses y supondría la reforma migratoria más importante en Estados Unidos desde la amnistía a indocumentados que concedió el presidente Ronald Reagan en 1986.
Según la propuesta, los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 31 diciembre del 2011 y se mantuvieron de manera continua en el país podrían solicitar un estatus legal «provisional» (seis meses después de que el proyecto de ley sea firmado por el presidente).
Además, se propone un estatuto de «inmigrante registrado provisional» para los más de once millones de inmigrantes que las autoridades calculan que viven en el país.
Pero para poder crear ese estatuto el Secretario de Seguridad Nacional deberá demostrar que las medidas de seguridad están funcionando, con datos de capturas y plazos de aplicación de toda una nueva estrategia de seguridad fronteriza (entre ellas capturar al 90% de los indocumentados que quieran cruzar la frontera y poner un doble y si es necesario, hasta un triple muro).
Otra novedad es que se implementaría un sistema de comprobación de identidad, que hasta ahora sólo ha sido voluntario, y éste sería reforzado con la creación de una tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos.
Además, el documento de los senadores no menciona explícitamente el derecho a la ciudadanía (que es la principal exigencia de los grupos de defensa de los inmigrantes), sino que menciona que tras diez años esos indocumentados con residencia provisional podrán optar a la «tarjeta verde» de residente definitivo (con la cual se puede aspirar a la ciudadanía luego de cinco años de espera).
Los indocumentados que deseen la legalización no podrán tener historial delictivo, deberán pasar exámenes de civismo e inglés, pagar una multa y pagar impuestos.
El documento propone que 40 por ciento de las visas se destine a personas de alta cualificación. Para ello se aumentaría el número de visas HB-1 (para graduados universitarios) de 65 mil a 110 mil anualmente.
Se crea también una visa «W» para trabajadores no especializados que empezaría con un mínimo de 20 mil trabajadores al año, otra visa por méritos, y también se recupera la idea de una visa de trabajador agrícola temporal (como existía hace décadas con México), lo cual ha sido criticado hasta ahora por los sindicatos estadounidenses.
Pero más allá de eso, los indocumentados con su nuevo estatuto tendrían que esperar una década o más sin recibir beneficios federales, mientras el gobierno cumple con las estrictas condiciones de protección de las fronteras de Estados Unidos y hace cumplir la ley actual de inmigración.
A pesar de las muchas disposiciones, la propuesta se enfrenta a meses de debate, decenas de enmiendas y una oposición potencialmente significativa.