Hace menos de un mes, en el marco de la COP26 en Glasgow, 30 países, 40 gobiernos locales y 11 fabricantes de automóviles acordaron acelerar la transición a vehículos eléctricos 100% libres de emisiones para 2040. En el documento presentado, la iniciativa privada y los gobiernos pretendían hacerle saber al mundo que es necesario alinear a esta industria de manera agresiva con los Acuerdos de París para poder cumplir con los objetivos mínimos de calentamiento global para que, vaya, pueda haber un planeta qué habitar en el futuro. Esto es relevante porque el transporte, a nivel internacional, representa entre 10 y 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
La electromovilidad no es, ni de cerca, una solución única a la crisis climática que vivimos. Sin embargo, sí se puede entender como una parte del todo que debe ser atendida. Además, se debe tomar en consideración que los autos eléctricos no son necesariamente “verdes” de saque. Depende mucho de la infraestructura eléctrica del país en el que se fabrican—es decir, si son producidos en manufactureras que lo hagan así con energías renovables—y del manejo de materiales alrededor del proceso—si siguen procedimientos eficientes de reciclaje de materiales sensibles, como el cobalto y el litio que usan las baterías—para saber si un auto eléctrico en realidad puede tener un impacto positivo en el medio ambiente.
Es en este contexto que el gobierno de Joe Biden presentó una iniciativa, como parte de su plan de recuperación sostenible llamado Build Back Better, para otorgar subsidios fuertes a la compra de autos eléctricos principalmente ensamblados en Estados Unidos. El proyecto será discutido el próximo 13 de diciembre y tiene fuertes implicaciones para la industria automotriz mexicana.
¿De qué va la iniciativa?
Básicamente, la propuesta de Biden sugiere dar créditos fiscales de hasta 12,500 dólares (algo así como 260,000 pesos mexicanos) a cualquier persona que adquiera un vehículo eléctrico en Estados Unidos. La condicionante para adquirir este subsidio es que se trate de modelos de autos eléctricos que hayan sido manufacturados (al menos 50%) en territorio gringo y si la mano de obra detrás del ensamblaje está sindicalizada. Parece menor, pero no lo es. Además de ser una apuesta por reactivar la economía estadounidense en un sector que se ha visto golpeado en 2021 por la escasez generalizada de chips semiconductores y por la pandemia, todo parece indicar que pretende también premiar automóviles que puedan comprobar—hasta cierto punto—que su manufactura fue “verde” y con trabajo relativamente bien remunerado.
De pasarse esta iniciativa, entraría en vigor en 2027. Llama la atención particularmente porque hoy en día sólo dos modelos de autos eléctricos (de los 50 en el mercado) cumplirían con los criterios de selección para el subsidio. Pero la apuesta precisamente sería ésa: que las armadoras de autos muevan su producción a Estados Unidos poco a poco para asegurarse que puedan capitalizar este movimiento. Sobre todo, hay que decirlo, porque sabemos que el costo de este tipo de vehículos es excesivo para la gran mayoría de los consumidores comunes. En ese sentido, 12,500 dólares de “descuento” se volvería un incentivo poderosísimo para seleccionar el vehículo. Esto traería, como consecuencia, un fuerte desbalance para economías, como la de México, cuyas industrias automotrices están integradas al proceso de manufactura y cadenas globales de valor de la estadounidense.
Consecuencias para México
A pesar de que los procesos de manufactura en México no son necesariamente “verdes” o sustentables en términos de estructura eléctrica, en tiempos recientes nuestro país se ha vuelto un jugador clave en la cadena de producción de los autos eléctricos que se ensamblan en Estados Unidos; asimismo, poco a poco distintas automotrices han comenzado a mover su ensamblaje completo de algunos modelos a territorio mexicano. Tal es el caso del Mustang Mach-E de Ford que se arma en Cuautitlán, Estado de México. Y, en ese mismo sentido, apenas este año General Motors comenzó a invertir fuertemente en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, para arrancar en 2023 la producción de autos eléctricos.
De pasarse la iniciativa, este tipo de inversiones—que son fundamentales para la subsistencia de muchas regiones al interior de la república en México–peligrarían. De hecho, una vez dado el anuncio, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dio a conocer que hay ochos estados más en los que se concretan acuerdos para el ensamblaje de autos eléctricos que estarían sobre la cuerda floja con el proyecto de Biden.
Quien también salió al quite inmediatamente fue Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, que llamó a la propuesta como “la punta de un iceberg mucho mayor que le ponga grandes desafíos a la industria automotriz mexicana y que entonces haya una necesidad impostergable para innovar”. Más allá de una posible guerra comercial en la industria a raíz de esta iniciativa sobre autos eléctricos que puede poner en peligro sectores importantes de la economía mexicana, tendría que funcionar como catalizador para que se mueva a una reconversión tecnológica rápida, que permita potenciar los beneficios de los autos eléctricos en nuestro país. Por lo pronto, ya hay una fecha límite en el horizonte y que parece impostergable: 2027.