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Del dicho al hecho… De reformas, políticas y resultados en materia ambiental 

Tenemos el derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar de acuerdo al artículo 4 de la Constitución.

Por Tania Romero

Que tenemos el derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar es lo que dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice también que el Estado garantizará el respeto de este derecho y que sancionará a quien le provoque daño de acuerdo con las disposiciones de ley. Esa disposición Constitucional debería traducirse en acciones efectivas por parte del gobierno mexicano, para tomar medidas encaminadas a la protección y la garantía progresiva de dicho derecho. Desafortunadamente para el medio ambiente es cierto lo que dice la popular frase de que “del dicho al hecho hay mucho trecho.”  

Para nadie debería ser extraño que escuchemos en los discursos políticos compromisos incansables con la agenda ambiental. Después de todo, el tema está de moda. Cada año vemos en los informes de gobierno un desfile de “logros” con la agenda verde, compromisos internacionales para la reducción de emisiones, esfuerzos para el rescate de acuíferos, restauración de parques y la realización de numerosas manifestaciones de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT.  Pero cuando nos remitimos a las pruebas, es por demás notorio que los esfuerzos de nuestros gobiernos no están en donde dicen estar.  

Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que debería ser el instrumento rector del desarrollo nacional para el sexenio, tan sólo se hace una mención a la protección del medio ambiente, y ésta se vincula con el proyecto del Tren Maya, el cual no se ha reconocido como un proyecto orientado a la garantía de dicho derecho. Luego señala que se considerarán los impactos en la ecología que tengan sus políticas y programas, lo cual ha demostrado no ser del todo cierto


Bienestar, desarrollo y medio ambiente

 

Entre los programas “estrella” de la administración actual se encuentra Sembrando Vida, programa que pretendía la entrega de recursos por 26,000 millones de pesos para este año, que está por terminar, a medio millón de personas propietarias de predios rurales. Lo anterior con el fin de sembrar un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales otorgando pagos mensuales a las personas beneficiarias por un periodo de seis años. El programa Sembrando Vidas ha sido criticado por haber resultado en un tremendo incentivo para la deforestación, manifestándose en el desmonte de tierras con fuego a áreas de bosque y selvas para obtener recursos del programa federal. Aunado a lo anterior el programa no cuenta con sistemas de monitoreo, georeferenciación o delimitación de polígonos, ni con mecanismos de evaluación ni de criterios de conservación de biodiversidad.  

En materia de protección al ambiente y el equilibrio ecológico somos el país de las palabras vacías y las letras muertas. Tenemos un incontable número de instrumentos legales y reglamentarios inaplicables e ineficientes como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que, entre otras cosas, establece el principio del desarrollo integral y sustentable como parte de un intrincado sistema de planeación nacional, principio al que le opera el también famoso “del plato a la boca se cae la sopa”, pues los mismos no están aparejados a definiciones claras que permitan hacerlos operativos. Algo similar sucede con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la cual se señala la obligatoriedad de integrar las disposiciones de los ordenamientos ecológicos en los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. El problema está en que del reglamento de dicha ley general, a pesar de tener una disposición transitoria que decía que debió haber sido aprobado hace años, aún no existe siquiera una iniciativa para su aprobación

medio ambiente

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Durante abril del presente año vimos un nuevo intento legislativo en materia de protección al ambiente. Éste tiene que ver con el combate a la contaminación lumínica, mediante la aprobación de una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta reforma busca que, en un lapso de 10 años, todos los municipios del país hayan hecho un cambio de las luminarias tradicionales a las de luz led, reduciendo hasta 80% el gasto energético del país, así como una disminución de la contaminación lumínica por la colocación de nuevas luminarias.

En principio es una reforma favorable, de la cual además ya existen ejemplos exitosos nacionales e internacionales a escala local y nacional como la Ley del Cielo de Baja California y el caso de legislaciones como las de Chile, Islas Canarias, Hawai y Arizona para la preservación de la oscuridad nocturna y la reducción de consumo energético; asimismo, buscan combatir las repercusiones físicas y psicológicas en personas y animales y plantas. Sin embargo, la transición hacia cielos verdaderamente oscuros y un consumo más eficiente de energía en el país no puede confiarse solamente en la reforma a una ley general

Deben aparejarse mecanismos que permitan hacerlo operativo, presupuestos para lograrlo y políticas que delineen su ejecución. Lograr esto significaría, además, un tránsito de política energética en el país que debe iniciar a escala local. Cuando estamos en una situación de una política energética que favorece la producción de combustibles fósiles, el panorama no se ve como lo pinta la reforma. 

La realidad de nuestro país muestra que, aunque ha habido intentos pasados para afianzar el avance en contra del deterioro ambiental, tal como la Ley de Transición Energética (la cual establecía que para el 2018 la mayoría de la  energía eléctrica en nuestro país debería ser producida por medio de energía limpias), no estamos ni cerca de lograrlo, ya que en un estudio reciente se especificó que el 40% de los hogares mexicanos se encuentran en pobreza energética. Es decir, que no cuentan con los recursos energéticos básicos o que el pago de los mismos resulta casi imposible. 

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Además, de acuerdo con la IEA (Agencia Internacional de Energía) sólo el 22.9% de la electricidad en nuestro país es producida por medios “limpios”. Dato que resulta un tanto desmotivador, tomando en cuenta que en un acuerdo internacional México se comprometió a que para 2030 el 43% de nuestra electricidad será producida por centrales limpias. 

Lo anterior suena un poco desconcertante si tomamos en cuenta que el actual gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador ha apostado por las energías fósiles y el desarrollo de refinerías para su extracción. 

Todo esto demuestra que uno de los grandes problemas de nuestro país es que pareciera que las legislaturas creen que basta con escribir algunas letras que se mueren en el Diario Oficial para resolver problemas de nuestra realidad cotidiana. Estamos ante una realidad en la que el exceso de verborrea legislativa convierte a las administraciones locales en entes incapaces de operar. Todo esto se vuelve particularmente grave en materia ambiental, pues esta falta de capacidad de traducir la letra de la ley en acciones concretas se traduce en daños irreparables y en violaciones a nuestros derechos humanos reconocidos constitucionalmente.  Es tiempo de pasar de la redacción a la acción. Como dice ese otro dicho: “ a palabras necias, oídos sordos” .

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Tania Romero es tapatía, adicta al café y consultora en legislación urbana, capacidad institucional y planeación para el desarrollo. Milita en Futuro Jalisco.

Twitter: @TaniaRomeroL

Fuentes





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