Por Héctor Castañón
El territorio es, literalmente, el campo donde desplegamos nuestros proyectos, anclamos nuestras visiones, nos encontramos y coincidimos. También es el espacio de conflicto y de posibilidad para la coexistencia social y en la naturaleza.
En principio, el territorio es el espacio que habitamos en común. Sin embargo, ese territorio se dividió en fronteras nacionales; a pesar de ser originalmente propiedad común, se privatizó progresivamente.
La propiedad privada suele considerarse uno de los valores superiores de las constituciones modernas. Bajo este esquema no sólo se ha privatizado el suelo, sino que han generado patrones de concentración, exclusión y desposesión que condiciona las posibilidades de desarrollo y el acceso a recursos vitales para cada vez más personas.
En México, a pesar de su importancia, la estructura de propiedad y estas dinámicas de privatización-exclusión se monitorean poco.
Los registros más recientes se tienen del Marco Censal Agropecuario realizado por el INEGI en 2016. De dicho ejercicio se desprende que el 41% del territorio nacional es de propiedad privada.
En 2007, el INEGI reportaba que ese porcentaje era del 39.56%, mientras que el resto del territorio nacional se dividía en un 59.37% de propiedad ejidal o comunal y alrededor del 1% de propiedad pública .
Los datos no son del todo consistentes ya que, según datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, para 2012 la superficie correspondiente a ejidos y comunidades se había reducido a 53%. Una pérdida de más de 6 puntos porcentuales, muy probablemente a favor de la propiedad privada.
Estos cambios en la estructura de propiedad responden principalmente a la reforma del artículo 27 de la Constitución Política de México, publicada en 1992, que permitió la privatización de la propiedad ejidal.
Pero la presión sobre los recursos terrestres y las fuentes de agua dulce está aumentando como resultado del aumento de la demanda de alimentos y otros recursos estratégicos. Muchos países y corporaciones han comenzado a adquirir tierras agrícolas productivas ubicadas en países extranjeros. Se demuestra en el aumento dramático en el número de acuerdos transnacionales y adquisiciones de tierras en los últimos 10 años.
Este proceso, conocido como acaparamiento de tierras por la forma en que se realizan estas operaciones, a través de acuerdos poco inclusivos y transparentes entre gobiernos e inversionistas, se está produciendo a un ritmo alarmante en zonas rurales de todos los continentes .
En zonas urbanas, se estima que en 2020 existen 100 millones de personas en todo el mundo que viven en asentamientos informales sin tenencia segura del suelo y con alto riesgo de ser desplazadas . En México, sólo gracias a un batalla legal impulsada por organizaciones sociales, la población que vive bajo estas condiciones comenzará a ser contada a partir del próximo censo y conoceremos así la magnitud de este problema.
Los patrones de privatización impactan también en las líneas costeras a través de concesiones. Actualmente, el 43% de la costa del pacífico mexicano está concesionada a manos privadas. En Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur se registra el porcentaje más alto del país con un 52%. En total, 32% de las costas del país está concesionada a privados .
La lógica de exclusión en el sector turismo ha sido un factor clave para impulsar esta tendencia.
Bajo esa lógica, se argumentan beneficios para el desarrollo económico. Por ejemplo, la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos han pedido a las autoridades que sean únicamente turistas quienes puedan tener acceso a la zona de playas para que disfruten de una experiencia completa en su visita al Caribe mexicano, lo cual redundaría en una reactivación económica más rápida. En Bahía de Banderas, Nayarit, de 34 entradas públicas a la playa que existían en el Plan de Desarrollo Urbano del 2017, solo quedan abiertas seis.
El impacto de la privatización no solo condiciona el desarrollo socioeconómico de millones de personas, sino que compromete la estabilidad de los ecosistemas. Existe una permanente tensión entre proyectos de interés privado y el interés público en zonas de alto valor ambiental. México cuenta hoy con 182 Áreas Naturales Protegidas que abarcan el 11.14% de la superficie terrestre nacional. Los regímenes de protección no son en todos los casos sólidos; de hecho, son combatidos jurídicamente, ya que la mayor parte de esa superficie es de propiedad privada o ejidal.
Un territorio cada vez más privatizado implica un futuro cada vez más condicionado por las lógicas del interés particular. El acceso al suelo productivo, suelo habitable, a recursos vitales, al paisaje, al libre tránsito, está cada vez más comprometido. Es fundamental para un futuro incluyente y sostenible revertir esa tendencia ampliando la propiedad pública y social; igualmente, garantizando la recuperación, el cuidado y la conectividad de los sistemas naturales a través de un manejo eficaz de las Zonas Federales. El futuro no debe ser privatizado.
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Héctor Castañón es doctor en antropología social, y maestro en planeación y gestión del desarrollo. Participa en diversos espacios académicos y de sociedad civil para promover la igualdad de oportunidades, la participación política y el cuidado del medio ambiente. Integrante del equipo de Pedagogía de Futuro. Padre ocupado resolviendo frustraciones musicales con sus hijxs.
Twitter: @hektanon