La exfuncionaria Mirella Guzmán Rosas acaba de conseguir nueva chamba en la Cuatroté de Guerrero.

Gracias a su cercanía con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el delegado del gobierno federal en la entidad, a Mirella Guzmán la nombraron secretaria de Administración y Finanzas de los programas para el Desarrollo en Guerrero… nomás que tiene un pequeño problemita: se supone que está inhabilitada para ocupar cualquier cargo público hasta el 2025.

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Una foto de Mirella Guzmán en dos pixeles que consiguió Proceso // Foto: Proceso

¿Qué hizo? Pues violó leyes de normatividad presupuestal y fue acusada de negligencia administrativa cuando trabajaba en el estado de Michoacán.

Es más, de acuerdo con Proceso y los expedientes que encontraron (el DRSP–PAR–109–2014 y el DRSP–PAR–295–2013) hasta pasó un ratito en la cárcel por peculado pero salió “por falta de pruebas”.

Una curiosidad: si entras a la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dirigida por Irma Eréndira Sandoval —hermana de Pablo Amilcar, el que acomodó a Mirella—, podrás ver que la exfuncionaria no se dio abasto en su anterior trabajo. ¡Tiene dos inhabilitaciones distintas! Una termina en mayo de 2021 y la otra en mayo de 2025.

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Claro, eso no importa, total no es como que está manejando las finanzas de los programas sociales en Guerrero, uno de los estados que más los necesita…

No es la primera vez que trabaja con Pablo Amílcar

Después de hacer toda una fiesta con las finanzas de Michoacán y estar presa en 2014, Mirella Guzmán Rosas ya había encontrado chamba con el conocido funcionario de la cuatroté. 

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Pablo Amílcar Sandoval cuando todavía estaba haciendo su intentona de gobernador // Foto: Morena

En octubre del 2018, Proceso reportaba que fue nombrada subsecretaria de Finanzas del Congreso de Guerrero que en ese entonces presidía Pablo Amílcar Sandoval cuando se desempeñaba como diputado y coordinador de la bancada de Morena. Cuando le preguntaron qué onda con el historial oscuro de la persona recién contratada —que además está inhabilitada—, Pablo Amílcar Sandoval, delegado del gobierno federal en Guerrero, desestimó las acusaciones. “Fue un asunto político”, mencionó.

*Con información de Ezequiel Flores // Proceso