Lo que necesitas saber:
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la compra permitirá al gobierno tener un mayor control sobre las instalaciones y fortalecer la infraestructura del sistema de detención migratoria.
Se sabe que a Donald Trump le encanta dar de qué hablar y esta vez no fue la excepción. Y es que no le bastó con la reciente polémica por la muerte de un latinoamericano durante un operativo del ICE.
Ahora, el gobierno de Estados Unidos confirmó la compra de dos de los centros de detención para inmigrantes más grandes de California, uno de ellos ubicado muy cerca de la frontera con México.
De acuerdo con la empresa CoreCivic, encargada de administrarlos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió el Otay Mesa Detention Center, en San Diego, y el California City Detention Facility, en el condado de Kern, por un monto de mil 500 millones de dólares.
Pero… ¿qué cambia con esta compra?
Ojito aquí, porque el cambio no será tan grande como podría pensarse. Aunque ambos inmuebles ahora pertenecerán al gobierno de Estados Unidos, CoreCivic continuará operándolos mediante los contratos que ya mantiene con las autoridades migratorias.
Es decir, cambia el dueño de las instalaciones, pero no la empresa encargada de administrarlas.
Y ojo con este dato, pues entre los dos centros tienen capacidad para albergar a más de 4 mil 500 personas detenidas por temas migratorios, lo que los convierte en dos de los más grandes de California.
¿Pero por qué ha causado tanta polémica?
Bueno, esta decisión ha generado revuelo porque uno de los centros, el Otay Mesa Detention Center, se encuentra muy cerca de la frontera con México.
Además, es uno de los principales lugares a donde suelen ser trasladadas las personas migrantes poco después de ser detenidas por las autoridades tras cruzar hacia Estados Unidos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la compra permitirá al gobierno tener un mayor control sobre las instalaciones y fortalecer la infraestructura del sistema de detención migratoria.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes criticaron la decisión pues consideran que fortalece el sistema de detención en el país y mantiene la participación de empresas privadas en la operación de estos centros.
Y es que esta decisión llega después de múltiples denuncias por presuntos malos tratos hacia personas migrantes dentro de algunos centros de detención.
Incluso, también ocurre tras las recientes acusaciones por un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del ICE, por lo que la compra volvió a poner este tema en el centro de la conversación.
