Como siempre, nuestro gobierno demostrando su nula capacidad de entendimiento. El día de hoy, el relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, recibió una notificación del gobierno mexicano, en la cual se le indicaba que no podía regresar este año al país.
El relator, quien el año pasado afirmó que la tortura era una práctica generalizada en México, dijo que el gobierno mexicano le respondió que este año no podría visitar el país para dar seguimiento a su trabajo por motivos de agenda, debido a que ya se tienen programadas las visitas de otros expertos.
Explicó que el 7 de marzo, en Ginebra, Suiza, durante una entrevista que sostuvo con Jorge Lomónaco, embajador de México ante Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le expuso que no se podía hacer la visita de seguimiento que solicitó en el curso de 2016; y en caso de que eventualmente exista otra por parte de la Relatoría de Tortura, le sería autorizada a su sucesor si es que así lo considera el gobierno.
De acuerdo con el informe que dio a conocer el relator el año pasado, se dijo lo siguiente:
“México ha dado pasos normativos positivos para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema sigue siendo generalizado.”
Al parecer, el gobierno mexicano se sintió ofendido de este reporte, negando el informe que Méndez entregó ante el Consejo de Derechos Humanos el 9 de marzo de 2015, señalando que sólo se pudieron documentar 14 casos.
Además de esto, el informe del relator expresa su preocupación por el caso de Ayotzinapa:
“Me encuentro extremadamente preocupado por el caso de desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, en el sur del país por parte de autoridades municipales en colusión con el crimen organizado.”
La primera visita de Méndez se llevó a cabo entre abril y mayo de 2014 y desde esa fecha, él afirmó que la tortura era generalizada. El gobierno trató de convencerlo de que no mencionara el término de generalizado, pero no lo logró.
En esas mismas fechas, Manuel Gómez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, consideró que el trabajo de Méndez de la siguiente manera:
“No fue profesional ni ético. No valoró adecuadamente la información brindada por las autoridades mexicanas.”
Pues así las cosas, bien dicen por ahí que: Quien nada debe, nada teme.