Lo que necesitas saber:
La justicia puede equivocarse o, peor aún, puede fabricarse.
Las historias de detenciones contra inocentes llevados a prisión no son nuevas en México, pero en los últimos años, distintos casos y testimonios han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Cuántas personas están encarceladas por delitos que no cometieron?
La fábrica de culpables en México
Durante décadas el imaginario mexicano ha convivido con una sospecha persistente: que la justicia puede equivocarse o, peor aún, puede fabricarse.
“Las cárceles están llenas de inocentes”, es una frase que podría escucharse en cualquier sobremesa familiar o de amigos. Y no sólo eso.
Una encuesta realizada en 2016 por el Gabinete de Comunicación Estratégica encontró que 82% de los mexicanos cree que en los centros penitenciarios de México hay personas que no hicieron nada.
De hecho, esta creencia es tan arraigada, que el cine mexicano insinuó esta realidad mucho antes de que existieran las redes sociales o los hashtags de denuncia.
Presunto culpable
Desde los primeros años del cine sonoro en El Prisionero 13 (1933) o durante la Época de Oro con Nosotros los pobres (1948).
E incluso la sátira de Cantinflas en Ahí está el detalle (1940) retrataron historias de la vulnerabilidad del ciudadano común frente a la justicia que podía torcerse por la corrupción o la arbitrariedad de las autoridades.
La sospecha colectiva fue macerándose y se tradujo en evidencia pública con el documental Presunto Culpable (2008).
Se trata del caso de José Antonio Zúñiga, acusado de homicidio en CDMX y mostró, paso a paso, cómo el sistema judicial podía sostener una acusación incluso cuando las pruebas se desmoronaban.
El documental provocó una sacudida mediática. Se pensó en aquel entonces que algo se haría al respecto, que algo cambiaría, que por fin habría justicia… pero no fue así.
Jacinta, Claudia y Daniel
Más casos aparecieron en la conversación pública, muchos de ellos impulsados por organizaciones civiles y amplificados en redes sociales.
Como el de Jacinta Francisco Marcial, una mujer otomí acusada de secuestrar a agentes federales en Querétaro.
Y que pasó tres años en prisión antes de que se reconociera que no existían pruebas suficientes en su contra. Su caso se convirtió en símbolo de la criminalización de personas indígenas y de los errores judiciales en México.
O el caso de de Claudia Medina Tamariz, detenida por la Marina en Veracruz y acusada de delincuencia organizada, tras denunciar tortura para obtener una confesión.
El de Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años en prisión sin sentencia. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O el de… en fin, miles de historias, todas tremendas.
El Estado de Derecho
En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project —que mide el funcionamiento de la justicia penal en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el nivel más alto de cumplimiento del estado de derecho, algo equivalente a obtener un “diez” en una calificación escolar— México sale reprobado.
Por ejemplo: en la categoría ‘La policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz’ obtuvo una evaluación de .21.
En ‘Los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces’ fue de .32.
En la de ‘El debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente’ fue de .41.
En ninguno de los indicadores la justicia penal mexicana alcanza siquiera la mitad de la calificación posible.
¿Es un reflejo de las fallas estructurales que, desde hace años, señala la cultura de masas, expertos y organizaciones civiles e internacionales?
Una justicia a la carta
Se trata de “Justicia a la carta”, explicó en entrevista para Sopitas.com Israel Vallarta.
Vallarta fue liberado después de casi 20 años tras permanecer en prisión preventiva oficiosa, víctima del abuso de poder entre autoridades policiales y medios de comunicación.
Desde su experiencia, el sistema de procuración e impartición de justicia tiene redes de compadrazgo y corrupción desbordada, que atraviesa fiscalías, policías y tribunales.
Esto permite sostener acusaciones durante años, incluso cuando las irregularidades han sido señaladas públicamente como lo fue en su historia.
“Tristemente mi caso en el único, ni tampoco será el último”.
El caso de Israel Vallarta
Durante casi dos décadas en prisión, Israel Vallarta fue testigo de cómo los presuntos culpables son revictimizados.
La calidad de vida dentro de los penales depende del dinero que pueda pagar cada interno.
Es decir, quien tiene recursos accede a mejor comida, ropa o atención médica. Quien no, enfrenta condiciones mucho más precarias.
La tragedia en la familia Vallarta Cisneros aún no termina. ¿Por qué? Aunque Israel recuperó la libertad, su hermano Mario y su sobrino Sergio Cortés Vallarta siguen en prisión.
Llevan casi 14 años en prisión preventiva oficiosa, vinculados al mismo caso. Obviamente sin sentencia.
Lo irónico, reflexionó, es que el exmando policial Luis Cárdenas Palomino —sentenciado por tortura contra los dos familiares de Israel todavía presos— ya tiene sentencia. Y sólo obtuvo 5 años.
Israel explicó que —mientras no exista una transformación profunda en las fiscalías, en la forma de investigar los delitos y en los mecanismos para corregir errores judiciales— el sistema seguirá produciendo nuevas historias como la suya.
Cuando fabricar culpables se vuelve rutina
En Estado de México las detenciones bajo acusaciones fabricadas han aumentado en lo que va del 2026, al registrarse en promedio 5 diarias.
Siguen un patrón que se repite en distintos puntos de México como Nuevo León y Querétaro, afirmó el abogado Iván Chávez, presidente de Ciudadanos Uniformados, A.C.
Dicha organización se fundó en el Estado de México. La integran más de 4 mil policías, peritos y agentes del Ministerio Público. Tiene presencia en 28 estados.
Aunque surgió para defender los derechos humanos y laborales del personal de a pie en instituciones de seguridad, así como para demostrar que existen perfiles policiales honestos, con el tiempo comenzaron a encontrar otro problema:
Personas detenidas en la calle y acusadas de delitos que no cometieron
El también doctor en anticorrupción y sistemas de justicia ha identificado un modus operandi que consiste en que policías de investigación detienen personas al azar para sembrarles droga o vincularlas con delitos graves.
Como secuestro exprés, extorsión o delincuencia organizada, para después utilizar esas acusaciones como herramienta de presión para obtener dinero a cambio de su liberación.
Un caso en Edomex
De hecho, Chávez recientemente litigó la defensa de dos hombres que trabajaban repartiendo publicidad cuando fueron interceptados —en puntos diferentes— por agentes de Investigación de la Fiscalía del Estado de México.
De acuerdo a su relato, los policías les sembraron cinco bolsas con anfetaminas.
Les quitaron los teléfonos celulares. Eliminaron información y los mantuvieron incomunicados durante 48 horas. Finalmente, al no poder sostener las acusaciones, ambos fueron liberados.
No obstante, al salir del centro de detención, los mismos agentes que los habían arrestado los estaban esperando.
Según el abogado, buscaban vengarse de que no habían logrado obtener dinero de ellos.
“Quien puede pagar, sale. Quien no, enfrenta el proceso”
Para el maestro en seguridad pública, el problema no se limita a sembrar drogas o fabricar acusaciones.
En ocasiones los ministeriales también aprovechan carpetas de investigación abiertas por delitos reales, que no han sido resueltos.
Y colocan a estas personas como presuntos responsables cuando no acceden a entregar la recompensa económica.
“Quien puede pagar, sale. Quien no, enfrenta el proceso”.
Condenado sin sentencia: el caso que llegó a la Corte Interamericana
Uno de los casos que llevó las fallas del sistema penal mexicano hasta tribunales internacionales es el de Daniel García Rodríguez.
Hoy es activista del colectivo Pena sin Culpa —una organización que acompaña a personas privadas de la libertad que aseguran ser inocentes— pero su historia comenzó mucho antes de convertirse en defensor de otros presos.
García Rodríguez pasó 17 años y seis meses en prisión preventiva, acusado de ser el autor intelectual de un homicidio.
El crimen ocurrió pero a él nunca pudieron probarle su responsabilidad. Durante casi dos décadas permaneció encarcelado sin sentencia.
En agosto de 2018 fue liberado después de que un juez modificara su medida cautelar.
Salió del penal bajo un sistema de supervisión mediante un brazalete electrónico durante dos años.
Para entonces ya había pasado casi la mitad de su vida adulta esperando un juicio que nunca llegó a una conclusión.
Más de 90 mil personas en prisión preventiva oficiosa
Su caso terminó convirtiéndose en uno de los pocos expedientes mexicanos que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2023, el tribunal internacional determinó que el Estado mexicano había violado múltiples derechos.
Entonces, ordenó eliminar el arraigo y adecuar la prisión preventiva oficiosa en la legislación mexicana.
García Rodríguez advirtió que, pese a la resolución de la CIDH, existen más de 90 mil personas en prisión preventiva oficiosa con la duda razonable de su culpabilidad, pero en la práctica ya están encarceladas.
Un problema con raíces políticas
Desde su perspectiva, el problema tiene raíces políticas, ya que la figura de la prisión preventiva oficiosa —incorporada en México a partir de reformas impulsadas en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón— permitió que una persona pudiera ser enviada automáticamente a prisión.
Solo con la acusación del Ministerio Público en determinados delitos. Para García Rodríguez, ese mecanismo terminó generando un incentivo perverso.
En lugar de investigar a fondo los delitos, dice, las autoridades pueden encarcelar primero y construir el caso después. En muchos expedientes, asegura, la investigación prácticamente desaparece.
“Los detectives dejaron de existir”
Por otro lado, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en un negocio, pues las familias que intentan sacar a sus parientes de la cárcel enfrentan negociaciones informales donde la libertad puede tener un precio.
“Parece que falta que pongan un catálogo de precios, como si fuera un menú”.
El problema, sostiene, no solo afecta a personas inocentes también ocurre con personas que sí cometieron delitos.
Pero que pueden negociar su salida mediante pagos que van desde los 50, 100 o 200 mil pesos hasta cifras mucho mayores.
Mientras tanto, los recursos públicos destinados al sistema de justicia siguen creciendo.
Y en entidades como el Estado de México, explicó, el presupuesto destinado a fiscalías, tribunales y sistema penitenciario supera los 11 mil millones de pesos, pero esos recursos no siempre se traducen en investigaciones eficaces.
Durante los años que pasó en prisión, García Rodríguez reconoció que en ese tiempo nunca recibió alimentos o cobijas del sistema penitenciario y que prácticamente todo debía ser cubierto por sus familiares.
El hoy activista insistió en que la solución no depende solo de reformas legales, sino que también requiere vigilancia ciudadana.
Para él, la sociedad debe interesarse en el funcionamiento de las cárceles y del sistema judicial antes de que el problema toque la puerta de su propia casa.
Y aunque la sentencia internacional en su caso representó un precedente importante, advierte que el problema no ha desaparecido, por el contrario, asegura, la maquinaria que produce presuntos culpables en México sigue funcionando.
