Si algo tiene el sistema de justicia penal en México es que no te deja ni un momento de paz. En octubre de hace un año, para alegría de medio México, sentenciaron a Javier Duarte a nueve años de prisión. Este jueves, nos enteramos que todo lo que se avanzó podría irse al traste pues el famosísimo Javidú acaba de ganar un amparo que le permitiría apelar la sentencia original.
Si su apelación prospera se abre la puerta para que el caso se vuelva a investigar.
¿Qué poca ma…? ¿Va a salir libre el exgobernador de Veracruz que tiene más acusaciones en su contra que todos sus compañeros del penal juntos? Pues no tanto así, pero la cosa puede ponerse muy complicada en el caso de Duarte: si se reabre el caso, es posible que algunas de las pruebas que consiguió la PGR hace unos años queden invalidadas. Acá te contamos cómo (y por qué) el proceso se puso tan enredado.
Todo empezó en la sentencia de cárcel contra Javidú.
Para lograr conseguir que Javier Duarte pasara estos nueve años guardadito, hubo muchos tratos de por medio. Primero, el exgobernador aceptó declararse culpable con tal de no ir a juicio y evitarnos tantas vueltas. En respuesta, la PGR accedió a cambiarle los delitos.
Le quitaron delincuencia organizada (bastante grave) por asociación delictuosa… ¡PUM! Sentencia reducida: le podían haber acomodado más de 25 años y terminó con nueve.
Desde el primer instante, Javier Duarte se puso a apelar la decisión. Como cuenta Arturo Angel, reportero de Animal Político, lo que la defensa del exgobernador alega es que cuando accedió a declararse culpable, lo hizo por pruebas ilegales que tenía la PGR. “Si bien su cliente aceptó la responsabilidad del caso sin ir al juicio, lo hizo a partir de datos bancarios que la PGR habría recabado sin orden de un juez lo que los volvía ilegales”, señala el periodista.
Con eso bastaría para que se reabriera el caso… y se extienda la posibilidad de que quede anulado.
En eso llegamos al amparo que el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le otorgó a Javier Duarte este jueves, 5 de diciembre. Ya con el documento en la mano (de sus abogados) y la suspensión que consiguió hace unos meses, se puede organizar para apelar la sentencia y empezar a buscar salidas legales del bote.