¿Recuerdan ese periodo en la historia de nuestro país en el que militares desaparecían personas y disolvían de manera violenta cualquier movimiento de oposición política contra el Estado mexicano entre las décadas de los 60, 70 y 80 periodo en el que, además, la prensa no decía nada al respecto? Bueno, a los militares involucrados ya se les podrá juzgar en un juzgado civil.

La Guerra Sucia, así se le llamó a esta política represiva e increíblemente militarizada. Pues bueno, según La Jornada, por unanimidad, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el retiro de la reserva que el gobierno mexicano hizo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual los militares que participaron en estas prácticas podrán ser juzgados por tribunales civiles.

Pero ¿qué decía esta reserva?

«Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar»

«Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares»

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Según este diario los senadores consideraron que la propuesta del gobierno federal para retirar esa reserva es acorde con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco (quien fue desaparecido por militares en Guerrero durante la denominada guerra sucia) contra los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha sentencia resolvió que la reserva formulada por México no satisface el primer requisito de la convención, y por ello debe ser considerada inválida.

El Reforma cita a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña:

«Este instrumento internacional señala que los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares»

La gran pregunta es, ok, juzgamos a los militares ¿y a los autores intelectuales de estas políticas de desaparición silenciamiento y represión violenta (de entonces y de ahora)? ¿con ellos qué procede?.

***Vía Reforma, La Jornada

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