El Gobierno Federal capturó a Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, y todos estamos expectantes por conocer las consecuencias que esto conlleva. Existen preocupaciones en torno a posibles enfrentamientos violentos por la nueva vacante. Las conjeturas tampoco se han hecho esperar y ya hay quienes afirman que el asunto, total o parcialmente, no es más que un teatro político. El tema crece y la especulación, muchas veces injustificada, también.
Por la importancia de estas y otras preocupaciones, Sopitas.com mantuvo una entrevista exclusiva con el analista político Edgardo Buscaglia, reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre análisis jurídico y económico de desarrollo así como por sus investigaciones en torno al crimen organizado, desarrolladas en su mayoría a partir de los noventa. Buscaglia publicó recientemente un libro llamado Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada, editado por Grupo Editorial Penguin Random House y prologado por Carmen Aristegui. Ahí, el experto desarrolla el concepto de vacío de poder, a través de un original y detallado análisis de las condiciones que posibilitan la operación de redes criminales en nuestro país. Posteriormente ofrece un modelo de organización que podría prevenir y mermar considerablemente la hegemonía de estos grupos.
¿Qué significa la detención del Chapo Guzmán en el marco de la lucha contra el crimen organizado?
Cuando tú capturas a un líder de un directorio como es la red de Sinaloa, una red horizontal de muchas empresas y mucho políticos, una red con franquicias en muchos países, esto representa un golpe importante, pues le da un capital político al presidente considerablemente mayor al que ya tenía. Este capital aumenta especialmente en el exterior, especialmente en Europa occidental y Norteamérica, donde están todos los medios de difusión que pertenecen a conglomerados empresariales con inversiones en México, como el País. Para estos periódicos, la captura del Guzmán Loera justifica una extensión de la “luna de miel” que le estaban dando a Peña Nieto, de la que es antecedente la ridícula portada de Time, por ejemplo. Todo eso es natural y forma parte de una estrategia política.
Ahora, para no resultar cínicos, hay que señalar que el objetivo de una detención de esta naturaleza es bajar la frecuencia con que se cometen delitos económicos. En este sentido, podemos dejar de lado los homicidios, no porque carezcan de importancia, sino porque no pueden ser un adecuado indicador del poder de un cártel del crimen organizado. La red de Sinaloa comete menos homicidios que otras menos poderosas porque tiene un claro poder arraigado en su zona, de suerte que pueden prescindir más fácilmente de medidas tan violentas. Así, pues, no se trata simplemente de que bajen los índices de crímenes violentos, sino de dar un golpe fuerte al sistema de delitos económicos que estos grupos mantienen, y que son, por su puesto, el principal motivo por el que cometen atrocidades de cualquier otra clase.
México tiene un conjunto de problemas que yo he denominado en mi libro “vacíos de Estado”, es decir, deficiencias en el poder y las instituciones que dejan un espacio de acción libre al crimen organizado. Mientras el país siga albergando estos vacíos, una detención así va a resultar inconsecuente. Me explico: la detención de Guzmán Loera en un país como Francia, pongamos, tiene como consecuencia inmediata una coordinación de todas las unidades de investigación europeas para hacer un inventario de los bienes patrimoniales del criminal (me refiero a propiedades concretas, como casas, carros, etc.) que arrojarán entrecruzamientos con muchos individuos, entre ellos políticos, prestanombres y elementos de otras redes criminales. que estaban asociados a este personaje. Este rastreo de bienes, sumado a lo mucho o poco que pueda decir Guzmán Loera en los interrogatorios, pondría en marcha un conjunto de acciones coordinadas que atacaran a la red desde múltiples flancos y en muchos países.
Hoy, en México, una investigación de esta clase sería imposible, pues existen vacíos institucionales de investigación patrimonial. Esto no es una opinión ni es una cuestión de posicionamiento político. Es un hecho. No hay ninguna unidad de investigación en México que tenga como atribución específica la investigación de registros de la propiedad. En la medida en que unidades así no existan en México, la detención de Guzmán Loera es inconsecuente, pues se torna casi imposible decomisar e incautar estos bienes patrimoniales, que se traducen en capital para el cártel.
La única manera en la que el crimen organizado cometería menos delitos económicos, que al fin y al cabo es el único indicador de éxito para juzgar a cualquier estado en su capacidad de contención de los grupos criminales, sería que existiesen unidades de investigación patrimonial que aporten material potencialmente probatorio a las autoridades fiscales. Por su parte, los propios fiscales no pueden suplir este papel, pues no son investigadores o agentes con entrenamiento en investigación patrimonial, sino directores jurídicos de investigación. De hecho, no solo es necesaria la creación de las unidades, sino también garantizar su independencia y autonomía. Un investigador no puede estar dependiendo del visto bueno del secretario de la Defensa o del procurador de Justicia para adquirir los datos y libertades de acción suficientes para lograr conclusiones rápidas y eficientes.
Mientras México carezca de estas unidades, la detención del Chapo es inconsecuente, pues no se traduce en un golpe para el cártel en ningún sentido. La experiencia internacional enseña que cuando la detención de líderes criminales no se traduce en desmantelamientos patrimoniales, el sistema al que pertenece sigue expandiendo sus fronteras. Esto lo explicó muy bien “el Mayo” Zambada cuando fue entrevistado por Julio Scherer en 2010. Él dijo “a mí me pueden matar justo ahora. Tenemos mecanismos de remplazo”. En efecto, se trata de redes sumamente organizadas, con franquicias en más de 50 países. Así, no se les daña capturando a un miembro de su directorio, por más importante que sea, de la misma manera que un banco internacional no se vendría abajo por la detención de uno de sus grandes ejecutivos.
Esto nos lleva a dos opciones: o bien, el presidente deberá impulsar la creación de estas unidades, en coordinación con los gobernadores de las distintas entidades, o bien, deberá entregar a Guzmán Loera a autoridades extranjeras, que cuentan con cargos contra el capo en sus propios países y que, a su vez, cuentan con el aparato de investigación adecuado. La primera opción tal vez sea improbable, pues aun en el caso de que Peña tuviera la disposición, los gobernadores podrían oponerse, pues estas unidades podrían operar en su contra. Así, un proceso que podría durar entre 6 y 8 meses para su constitución, podría extenderse por años, según las trabas institucionales y políticas que se interpusieran. La opción de la extradición podría ser más rápida para aplicar justicia, pero representa un escenario muy triste, pues termina siendo una válvula de escape para los vacíos de estado. En el fondo, no sería una negociación entre gobiernos para ver cuál está en condiciones de juzgar más adecuadamente al criminal, sino un dispositivo para que México siga prescindiendo cómodamente de una estructura adecuada de justicia.
A la luz de la organización que existe en la red de Sinaloa, ¿podemos esperar una lucha entre los capos más bajos por el puesto que ha quedado vacante?
No, definitivamente no vamos a ver esas luchas fuedales y campales por el directorio que sí vimos, por ejemplo, entra las cúpulas de los Zetas. Se trata de gente con una organización muy sofisticada para los remplazos. Tienen un sistema más empresarial. Lo que sí será posible ver es que en las fronteras de los territorios del cártel (hacia el golfo y hacia el sur, con los Zetas) los adversarios desafíen a Sinaloa por pequeñas franquicias que ocupaba Guzmán Loera. Sin embargo, al interior de la red, los mecanismos de remplazo ya estaban más que previstos.
¿Cómo se relaciona el conflicto en Michoacán con la captura del Chapo Guzmán?
Esa pregunta puede interpretarse de distintas formas. Pero si en el fondo de ella se está sugiriendo que la captura del Chapo fue planeada y realizada con la intención de quitar atención mediática a Michoacán, yo creo que no es así. Estas son cosas que se planifican con mucha antelación. Existen datos concretos que prueban que agentes de la DEA se estuvieron reuniendo con miembros del cártel de Sinaloa. Estas reuniones no son extrañas. En realidad, lo que hacen los agentes es ofrecer tratos a los capos a través de sus abogados, advirtiéndoles que cuentan con pruebas necesarias para su detención. La DEA ofrece tratos a los capos a cambio de detenciones no violentas e información sobre la red. Estos tratos pueden incluir “no tocar” a la familia, lo que implica básicamente que todos los bienes patrimoniales a nombre de su familia no serán incautados, por ejemplo. No sé realmente si este es el caso del Chapo, pero te puedo decir que muchos capos se entregan de esta manera.
Como sea, una captura así debe estar planeada con mucha anticipación y en ella participan muchos personajes. Definitivamente no creo que haya sido una pantalla o un montaje de ningún tipo, y tampoco creo que haya incluido un arreglo muy sencillo entre ninguna de las partes. Tampoco creo que haya sido orquestado o planeado con motivo de la visita de Obama. Por supuesto, esto les vino muy bien a ambos presidentes. Es capital político para los dos personajes. Incluso los republicanos están elogiando la coordinación entre ambas administraciones. Pero no, no hay un teatro judicial. Hay un hombre detenido y hay negociaciones entre administraciones e implicados para lograr combatir de la mejor manera al cártel. Esto es natural.
Otra cosa, por supuesto, es el teatro político y mediático que hay siempre en torno a una captura así. Se trata de mostrar que el presidente es poderoso. De hecho, Peña Nieto sería necio si no intentara usar el evento a su favor, pero esto es la política en general, aquí y en todas partes del mundo.
Por último, cambiando de tema y latitud, ¿cuál es su opinión en torno al conflicto en Venezuela?
La querida Venezuela viene sufriendo un déficit, una decadencia de liderazgos políticos desde hace muchos, muchos años. La corrupción de Carlos Andrés Pérez, la incompetencia de Rafael Caldera (un hombre que merecía mi respeto como constitucionalista, pero a quien lamentablemente se le fue la situación de control) afectaron profundamente la estabilidad del país. Este déficit, junto a la corrupción acumulada de muchas décadas favoreció la llegada de Hugo Chávez al poder.
Ahora, debemos reconocer el éxito del presidente Chávez y de su sucesor, el señor Maduro, en su cruzada por mejorar el acceso a los derechos humanos y sociales de la población venezolana. Uno debe ser necio para no reconocer que los indicadores de desarrollo social, acceso a salud, acceso a educación, acceso a vivienda, etc., han mejorado exponencialmente. Esto no lo digo yo, lo dicen indicadores reconocidos internacionalmente, y cualquiera que no quiera ver eso, no merece tu pregunta.
Sin embargo, por otro lado, la relación con la oposición en cuanto derechos políticos (que sí, también son derechos humanos) no han sido manejada con la habilidad que se merece el país. El otorgamiento de estos derechos a los opositores ha sido administrado muy torpemente, lo que es lamentable. Fue torpe, por ejemplo, detener al equipo de CNN en Español cuando estaba por salir, no tiene razón de ser. Espero que este mal manejo de los derechos políticos no conduzca a Venezuela a un escenario de mayor violencia.
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Si deseas adquirir el libro de Edgardo Buscaglia Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada, visita la página oficial de Grupo Editorial Penguin Random House, a quienes agradecemos haber hecho posible esta entrevista.
