Según la primera plana del diario Reforma del día de hoy, el Sistema de Transporte Colectivo tiene unas reservas bastante amplias a la hora de licitar contratos con empresas particulares para llevar a cabo trabajos o compras… y no precisamente para bien.
En general, el Gobierno está obligado a buscar el contrato más conveniente, barato y eficiente cuando se trata de invertir fondos públicos. Por este motivo, debe convocar a concursos o procedimientos similares en el que múltiples empresas puedan participar y competir entre sí, de tal forma que se garantice un negocio adecuado para ambas partes: el particular, que asegura ese dinero, y el estado, que revisa que la entrega del dinero (nuestro dinero) no es excesiva, tomando en cuenta el trabajo que se realizará.
De los mil 958 millones de pesos que el metro utilizó en adquisiciones, sólo 23.44% fue invertido bajo el modelo de licitación. El resto de los contratos fueron otorgados a particular de formas cochinas sospechosas y socialmente inconvenientes.
La Ley de Adquisiciones del Distrito Federal dice que los organismos de la Administración Pública local pueden evitar proceder bajo el modelo de licitaciones cuando existan razones justificada para optar por otro modelo o si se el establecimiento de cierto contrato puede favorecer a comerciantes vulnerables.
Nosotros seguimos esperando que nos expliquen cómo es que comprar a 442.31 pesos por unidad de desarmadores cuyo precio comercial al menudeo en tiendas es de 135.72 es en trato justificado o ayuda a grupos vulnerables.
El GDF y el STCM tienen mucho que explicar en torno a esos 149 tratos establecidos con particulares fuera del modelo de licitaciones.
No dejes de revisar nuestro análisis en torno al metro, el alza en la tarifa y sus turbias inversiones aquí.