Todos, absolutamente todos los estados de la República Mexicana están violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El promedio nacional del cumplimiento de los mecanismos de transparencia, armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos es de apenas un 59%.
Hablando en términos generales, los estados subestimaron sus ingresos en 18% y contrataron 246% más deuda de la que les fue aprobada. Todo esto significa que gastaron 17% más de lo que se había presupuestado.
Así lo informo el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 (IIEG 2018) elaborado y presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado.
Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. #IIEG2018 #PresupuestoSimuladohttps://t.co/h4L4NFUxJQ pic.twitter.com/nsW4PFf7xs— IMCO (@imcomx) 9 de octubre de 2018
Baia baia…
Una de las cosas más curiosas que el estudio encontró es que si en los últimos tres años los estados hubieran gastado sólo lo que presupuestaron para gasto burocrático, se habría ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, cosa que nada más equivale a seis años de financiamiento de la pensión federal para adultos mayores.
¿Y entonces?
Los tres estados que registraron el mayor cumplimiento en transparencia son Puebla con un 96%, Campeche con un 88% y Querétaro con un 87%. El estado que menos cumplió con el reporte de sus gastos fue Nayarit con sólo el 15%, seguido de la Ciudad de México con el 31% y Michoacán con el 32%.
Además, si comparamos estos datos con la edición anterior, 19 estados mejoraron pero 13 retrocedieron. Hay que mencionar que en el caso de Nayarit, que es el que menor puntaje obtuvo, hasta febrero de 2018 no había publicado 51 de 72 documentos evaluados que corresponden al primer, segundo y cuarto trimestre de 2017.
La cosa es que una de las prioridades para los gobiernos estatales es el gasto burocrático.
El IMCO informó que este gasto aumentó en 11%, lo que significa un gasto adicional de 62 mil millones de pesos. Entonces, esto significa que los estados asignan recursos a rubros que no tienen un impacto real directo en la población.
Esto no significa que el gasto burocrático se tenga que eliminar, pero si debe ser auditado.
Así también, se gasto de más en sueldos y salarios, artículos de oficina, gasolina, ceremonias oficiales, traslados y viáticos, servicios básicos y publicidad oficial.
Por todo el anterior, la propuesta del IMCO es reducir lo que se mantiene debajo de la alfombra con respecto al ejercicio de los recursos públicos, es decir establecer controles presupuestales que les pongan un límite y una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión de los gastos.
Además, una mejora en la calidad de la información financiera.
Acá les dejamos el estudio completo para que le echen ojo.