El presidente Enrique Peña Nieto anda de visita por Guatemala. Durante su viaje, que se dio a un día de las elecciones de gobernador en Estado de México, Coahuila y Nayarit, el mandatario mexicano se encontró con su homólogo guatemalteco Jimmy Morales. Ambos políticos acordaron crear una “zona más segura, próspera y competitiva”, además de concordar en que se tienen que fortalecer las instituciones, se deben de proteger los derechos humanos y se debe de consolidar el Estado de derecho “para garantizar el desarrollo de nuestra vida necesaria”. En uno de los puntos más tensos de la reunión, EPN reconoció que los derechos de los migrantes centroamericanos son violados en nuestro país, aunque se comprometió a no cerrar los ojos, y que su administración procurará y garantizará sus derechos. Sin embargo, el tema más importante de la agenda no fue otro sino Javier Duarte y su posible extradición.
De acuerdo con el canciller Luis Videgaray, el presidente Peña Nieto agradeció al gobierno de Guatemala por el apoyo y colaboración que recibió México en la detención del exgobernador de Veracruz. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que este miércoles 7 de junio solicitará formalmente la extradición de Javier Duarte de Ochoa por cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se giraron en su contra y que corresponden a un total de ocho delitos:
1.- Delincuencia organizada.
2.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3.- Abuso de autoridad.
4.- Incumplimiento de un deber legal.
5.- Peculado.
6.- Tráfico de influencias.
7.- Coalición.
8.- Obstaculizar funciones electorales.
De estos delitos, solamente el de delincuencia organizada amerita prisión automática, señala el portal Animal Político. A Javidú se le acusa de utilizar recursos públicos para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. En caso de ser encontrado culpable, se le darían de 5 a 15 años de prisión sin derecho de fianza. Por los otros procesos, apunta el sitio, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar prisión preventiva para Duarte, argumentando por qué existe riesgo de que el exmandatario veracruzano se fugue.
Esto todavía no signifique que el retache de Javidú se vaya a dar de un momento a otro. Este apenas es otro de los pasos que el Gobierno de México da para avanzar en el proceso de extradición. La solicitud de extradición será turnada a la Corte Suprema de Guatemala y esta, a la vez, la remitirá al tribunal encargado del proceso. Si se considerara que la solicitud realizada por las autoridades mexicanas no cumple con algún requisito, el plazo podría alargarse. Guatemala le daría a nuestro país 30 días para corregir la falla, mientras que México podría tomarse otros 30 días para contestar. Si no hubiera problema con la solicitud, el Ministerio Público de Guatemala debe solicitar al juez que fije fecha de la audiencia. Esta audiencia debe realizarse en un periodo no menor a 10 días ni mayor a 15 días. En ese periodo el juez deberá determinar si la extradición procede o no.
Una vez que se ordene la extradición, Javidú quedará a disposición de la cancillería de Guatemala. Después, la cancillería guatemalteca y México deberán elaborar un acuerdo para la entrega del exgobernador de Veracruz. Al parecer todavía cuelga para la extradición de Duarte de Ochoa. Quizá para junio de 2018.