La presidenta de la comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, y otros miembros del gremio hablaron ante miembros de la comisión legislativa mexicana de hacienda para dar un mensaje muy claro: si se les aplica el impuesto especial de 7.5% de utilidades de explotación, tal como lo plantea la reforma fiscal de EPN, se irán del país.
Hasta ahora, las empresas mineras reportan en forma de impuestos apenas 1% de sus utilidades. La nueva reforma fiscal, pretende que ello aumente al menos 7 veces. Sin embargo, para lograrlo, plantear gravar a la industria con un impuesto históricamente alto. El argumento ofrecido en la propuesta de Presupuesto para 2014 de la Secretaría de Hacienda es el siguiente:
“En los últimos 20 años, el régimen fiscal de derechos sobre minería se orientó a reactivar el desarrollo y la inversión privada en la industria en un contexto internacional de bajos precios de metales y minerales. Sin embargo, el reconocimiento de los recursos mineros como un capital natural propiedad de la Nación y las tendencias de sus precios internacionales justifican la incorporación de nuevas contraprestaciones al régimen vigente”
Y no es para menos, considerando la dura explotación ejercida por la industria minera, que es, en su mayoría, canadiense. En efecto, de las 279 empresas extranjeras que explotan los minerales mexicanos, 210 son de aquél país. De los 757 proyectos de estas empresas en 26 estados, 475 son de oro y plata.
De los mil 900 millones de dólares autorizados por Canadá para la inversión en minería en América Latina, 53% fue captado por México en 2012. Sin embargo, después del anuncio del gobierno Federal del nuevo impuesto, estas empresas sacaron su capital del país. Ahora, del aquél presupuesto, México capta tan sólo el 17%, explicó Wilson.
Por su parte, el líder de la Cámara Minera de México (Camimex), Sergio Almazán, afirmó:
“De acuerdo con estimaciones, en los próximos seis años habría una inversión de 30,000 millones de dólares, lo que generará 100,000 nuevos empleos, pero de aprobarse la iniciativa, las inversiones se contraerían en un 60%. Solamente se crecería 12,000 mdd y únicamente se obtendrían 40,000 nuevos empleos y un efecto inmediato de pérdida de competitividad.”
La amenaza es clara. Se trata de un tema sumamente escabroso: Por un lado, el reporte de impuestos por parte de las mineras es tan escaso que raya en lo absurdo, considerando que explotan recursos no renovables del más alto valor; por otro lado, han afianzado una industria tan poderosa, que aún con el gravamen, podrían reportar aún menos dinero neto retirando su capital para colocarlo cómodamente en cualquier otro lugar del globo. Su carácter transnacional parece darles impunidad. Afectarles verdaderamente implicaría lograr una coordinación de legislaturas internacionales de tal forma que en ningún lugar pudiesen encontrar mejores condiciones de inversión, lo que parece un panorama realmente improbable.Perú, Brasil, Colombia, Chile e incluso Haití y República Dominicana se han visto beneficiados ya por la falta de inversión de mineras en México este año.
“No cometan un error fiscal como Canadá, que a los seis meses se tuvo que echar para atrás. El mensaje es que los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí.” advirtió Rosalind Wilson sin tapujo alguno.
Vía: CNN, La Jornada edición impresa