Por José Acévez
Sin duda, una de las noticias más sorprendentes de este año (en relación con el próximo proceso electoral) es la coalición entre Morena y el Partido Encuentro Social. Esta decisión sigue causando revuelo entre las alas progresistas de este país (sobre todo en las que se concentran en la Ciudad de México), que discuten si es posible hacer concesiones en las agendas de ampliación de libertades con tal de apostar a una ruptura en el régimen económico y político. Y por régimen me refiero a la continuidad de un gobierno federal que engalana sus políticas públicas (casi siempre con corrupción) con el fin de beneficiar al neoliberalismo transnacional (o como explica Carlos Brown con sesuda puntualidad: darle fin a ese “romance del gobierno mexicano con la economía del goteo”).
Pero, para otros, la alianza entre el partido “menos neoliberal” y el PES representa la clara muestra de que en este país no existe la oposición ni la izquierda —si nos aferramos a la clásica pero arcaica categorización dicotómica de la política. En términos tajantes, para el periodista Diego Petersen la decisión de Morena implica que por primera vez, desde 1982, tendremos una elección a presidente sin un solo candidato de izquierda (bajo el supuesto de que Marichuy, la aspirante independiente del Concejo Indígena de Gobierno, no alcance las firmas necesarias).
Si bien las discusiones sobre qué tan “de izquierda” son las apuestas económicas del proyecto encabezado por López Obrador podrán dar para muchos debates y análisis, de algo podemos estar seguros: la alianza con Encuentro Social —aunque algunos quieren defenderla como estratégica para lograr “un fin mayor”— es un retroceso, un tope y hasta un desvarío para los proyectos que, desde el Ejecutivo nacional, buscan transformar las realidades de los mexicanos.
El asunto es que, si bien las implicaciones del PES como un actor político (ya sea desde el Ejecutivo o el Legislativo) se traducen en negar la interrupción legal del embarazo o prohibir que las parejas de mismo sexo obtengan derechos civiles (al igual que todas las demás personas mexicanas), su anclaje es más profundo. Y es que Encuentro Social en el poder pone en jaque (otra vez) esa premisa jurídica y hasta moral que da sentido al Estado mexicano (aunque esté llena de contradicciones, de atajos y de negociaciones): la laicidad.
Como nos recuerda José Manuel Ruiz, el líder del PES, Hugo Eric Flores (quien acompañó a Andrés Manuel en el anuncio de la coalición Juntos Haremos Historia), fue capaz de preguntar en el muy laico Congreso de la Unión: “¿qué pasaría si las instituciones religiosas intervienen en temas sociales con el apoyo de los poderes del Estado mexicano?” Esto implicaría, en sentido histórico, retomar una pregunta que fue sosegada en el siglo XIX con la Guerra de Reforma. Que el PES esté en el poder, desde cualquier frente, significa que, como ellos mismos aclaran, el temor a dios debe regresar a la vida pública para que “la sociedad tenga cimientos más sólidos y más sanos”.
Para el PES, la laicidad es una afrenta; casi como lo fue para los cristeros la Ley Calles. Porque, como bien reflexionó Ruiz, “quienes ostentan una verdad revelada [como el PES y su apuesta política de moralización religiosa de lo público] rechazan el principio fundamental de la democracia: las mayorías deben ser escuchadas y las minorías protegidas para garantizar la libertad de todos los individuos de ser quienes decidan ser y no quienes les impongan ser”.
Aun bajo esta premisa, donde apoyar al PES resulta un acto evidentemente antidemocrático, sería conveniente aportar algunos datos que nos permitan ver cuán ligadas están la religión y la política en México: a pesar de que la población mexicana sigue asumiéndose religiosa (principalmente católica) sus posturas sobre la laicidad y la moral sexual se han ido transformando. Esto lo ha dejado claro la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (Rifrem) con recientes análisis estadísticos que muestran cómo ha sido el cambio religioso en el país y las opiniones sobre tolerancia y pluralismo.
En su más reciente Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, la Rifrem nos permitió dar con ciertos matices (regionales y de adscripción religiosa) que permean temas como el aborto y la homosexualidad. Por ejemplo, el 30% de los mexicanos está de acuerdo con los matrimonios entre parejas del mismo sexo y con que el aborto no sea perseguido por la ley; y, aunque no son una mayoría, es una postura que se distancia de lo que dicta la jerarquía eclesial y han encontrado formas de ser “católicos a su manera”, tal y como lo han definido las antropólogas Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, miembros de la Rifrem. El trabajo de ambas académicas es sumamente relevante ya que, si bien ha estado centrado en analizar el caso de Guadalajara (una de las ciudades más famosas por su catolicidad recalcitrante), han dado con datos que permiten ver que la tolerancia y la apertura moral han aumentado (de 1996 a 2006, por ejemplo, sus encuestas arrojaron que la aceptación de la homosexualidad pasó del 12 al 41%).
En la encuesta que realizó la Rifrem, se deja ver que 85 de cada 100 mexicanos se consideran católicos, y el 30% de esos creyentes apoya causas como el aborto y el matrimonio igualitario (25 de cada 100); que se diferencia del 50% de los que se consideran “sin religión”, pero que en números totales solo significan 2 de cada 100 mexicanos. Es decir, en cantidad son más los creyentes católicos que “a su manera”, sin responder a las jerarquías, son moralmente menos cerrados.
La tensión laica entre Estado y religión es un tema que se vuelve más sensible cada que los postulados religiosos quieran inmiscuirse en los temas públicos. Cada que, como se ha aclarado, se busca imponer dogmas en lugar de acuerdos (que consideren a todos). Que actores explícitamente religiosos (o dogmáticos desde el cristianismo) quieran ocupar espacios públicos, contraviene un proceso de separación que ha sido provechoso en muchos sentidos para la vida pública nacional, pues existe (aunque polar y a veces simple) un argumento para identificar cuando algo no corresponde a criterios laicos; como el mismo fundamento político del PES.
El posicionamiento público de Encuentro Social posibilita que dogmáticos obstinados encuentren una cabida discursiva, un lugar para debatir, una fuerza en sus argumentos y se dejen de lado los pluralismos que protegen a las minorías y que son fundamento de toda democracia. México bien puede ser un país católico culturalmente, pero su apartado jurídico no responde a estos criterios, que además son —como ya dejaron ver investigaciones— muy dispares y a veces, aunque católicos, muy laicos.
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José Acévez cursa la maestría en Comunicación de la Universidad de Guadalajara. Escribe para el blog del Huffington Post México y colabora con la edición web de la revista Artes de México.
Twitter: @joseantesyois