En las vísperas del 8 de marzo se repite la misma historia. Como cada año, los edificios gubernamentales en Ciudad de México despiertan cubiertos de bardas para frenar, contener o encapsular las manifestaciones de mujeres.
Mientras se iluminan las calles, se oscurecen los espacios públicos.
En las marchas del 8M hemos visto disparos en Quintana Roo, violaciones a la privacidad en la capital, detenciones en Sinaloa y arrestos en Jalisco y Estado de México. Las manifestantes se enfrentan a un Estado que no ha dudado en echar mano de la estigmatización o la represión para frenarlas.
Las mujeres que alzan la voz contra la violencia de género, reciben de respuesta más violencia por parte de autoridades locales, estatales y federales.
Criminalizando el movimiento
Un reportaje publicado en La Lista nos presentó la historia de Linda.
Ella está siendo investigada por la Fiscalía de Ciudad de México por, supuestamente, formar parte de movimientos “anarquistas-feministas”. A Linda, que no es su nombre real, la señalan por liderar un grupo llamado Bloque Negro.
En la investigación de la periodista Ariadna Lobo revelaron que acusan a Linda de delitos como lesiones, daño a la propiedad, robo calificado y robo con violencia. Si la declaran culpable podría pasar hasta 10 años en prisión.
“A mí me acusan de ser líder del bloque cuando ni siquiera. Soy acompañanta de víctimas y no pertenezco al Bloque Negro. No me encapucho y ellos lo saben”, explicó Linda en el reportaje publicado por La Lista.
La investigación, que ha ido prosperando diligentemente durante casi dos años e involucra a más de una decena de sus compañeras, surgió a raíz de un post de Facebook de un perfil que no existe más. Aquel mensaje decía, sin prueba alguna, que las mujeres llevarían bombas molotov, petardos, martillos y tubos para ponerse “violentas” en la manifestación contra la violencia de género.
La única prueba que la Fiscalía tiene contra Linda —revisada en la carpeta por Lobo, la periodista— es una fotografía en las manifestaciones del 8M de 2020 en la que aparece, con el rostro descubierto, en un templete frente a la Antimonumenta que está frente a Bellas Arte.
¿Privacidad? Las manifestantes vigiladas
Un día antes de la marcha del 8M de 2021, la Policía de Ciudad de México anunciaba con orgullo su exitoso operativo.
Decían que, “derivado de una noticia criminal”, habían encontrado un predio en Polanco donde guardaban bombas molotov, marros y petardos. Presuntamente serían usados por las mujeres en las manifestaciones del día siguiente.
Las acusaron del delito de portación y fabricación de objetos para agredir. Sin embargo, las denuncias públicas de los colectivos de Derechos Humanos y los testimonios grabados contaron una historia completamente diferente.
El Frente por la Libertad de Expresión y Protesta documentó que en ese predio había una documentalista ensayando un performance y que la policía sembró los objetos violentos. “Ingresaron al domicilio, a la fuerza y sin informar el motivo, requisaron celulares a las presentes y tomaron foto y video a menores de edad”, explicaron en su denuncia.
La legalidad de aquel operativo sigue siendo discutida.
Unos meses antes de ese incidente en el predio de Polanco, el mismo gobierno de Ciudad de México presentó una conferencia de prensa con motivo de la toma feminista de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro histórico.
Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, acusó —al micrófono y con una presentación de Powerpoint— que las manifestaciones tenían intereses ocultos.
El gobierno capitalino admitió haber lanzado una investigación a las personas que asistían. “Hicimos una revisión de información pública, no tiene nada que ver con inteligencia política ni mucho menos, todo es público está en diferentes fuentes, en portales, en páginas de internet y en redes sociales”, comentó Sheinbaum.
Finalmente, señaló con nombre y apellido a María Beatriz Gasca, de haber llevado víveres a las instalaciones de la CNDH.
Gasca es especialista en Recursos Humanos y según la investigación capitalina, trabajaba en una empresa ligada a la emisión de facturas. Eso era suficiente para deslegitimar la protesta. “¿Qué hace una empresa dedicada al outsourcing apoyando a un grupo de mujeres que se manifiestan violentamente en la ciudad?”, cuestionó Claudia Sheinbaum. “A quién beneficia, qué pretenden con este vínculo”.
Gasca aseguró que asistía a las manifestaciones por iniciativa propia, que nada tenía que ver con su empleo —que, por cierto, perdió a raíz de las acusaciones políticas.
Los vínculos, presuntamente ilegales, nunca fueron probados. No se abrió una carpeta de investigación, no se acusaron delitos. La única conclusión fue una conferencia de prensa y una acusación pública… desde la oficina más alta del gobierno de Ciudad de México.
Estigmatizando y deslegitimizando el 8M
Un reporte publicado por Amnistía Internacional llamado La Era de las Mujeres cuestiona los efectos del estigma contra las mujeres que protestan y cómo, al final, termina por deslegitimizar un movimiento social.
Desde los actos de represión en las manifestaciones o las actitudes aleccionadores “por atreverse a salir a manifestarse”, frenan la participación de las mujeres en las marchas del 8M. “Por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y no salir a buscar problemas”, comenta Amnistía Internacional.
El reporte recalca que cubrirse el rostro no es un delito y que no justifica una detención. Que manifestarse en las calles no es carta abierta para ser increpadas por la policía.
Que exigir que se detenga la violencia de género no amerita disparos en Quintana Roo, detenciones en Sonora, arrestos en Jalisco o intimidaciones públicas en Ciudad de México.
“Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”.