Así es, un caso más de abusos en contra de los niños indígenas de nuestro país y lo peor es que fue denunciado el pasado 19 de enero por los padres y hasta la fecha no se ha emitido ninguna sanción para quienes golpearon a la menor.
La chica tiene 14 años de edad, es hablante del idioma tzotzil y permanece hospitalizada en Guadalajara, Jalisco, luego de haber sido agredida físicamente en un albergue del DIF de esa ciudad, así lo denunció el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.
En un comunicado, el organismo dio a conocer que el pasado 19 de enero, los padres de la menor , Gloria Gómez Días y Fernando Gómez Pérez, acudieron a las oficinas del organismo para denunciar que su hija había sufrido “diversas lesiones que requirieron su internamiento en la clínica Macías, ubicada en la colonia Analco de Guadalajara.
Miembros del Centro de Derecho Humanos y los padres de la menor se trasladaron a la capital tapatía para acudir a la Procuraduría Municipal de la Infancia y la Familia, donde fueron atendidos por César Ballinas Guzmán, auxiliar de la dependencia, quien dijo que “no podía tomar su comparecencia” hasta que no fuera autorizada por su jefe María Teresa Trujillo Ramos, por lo que pidió que regresaran el día 20 a las 9:30 horas.
Según el Universal, los padres y los miembros del centro se presentaron puntualmente en las oficinas. Después de esperar dos horas, les dijeron que serían atendidos por los auxiliares, pero minutos más tarde la Subprocuradora de la Infancia y la Familia, Catalina “N”, dio a conocer que “serían atendidos directamente por la Procuraduría hasta el día (siguiente) a las 11:00 horas, ya que tenían una importante carga de trabajo”.
Por eso, los miembros del Centro Digna Ochoa y los padres pidieron la intervención de la delegada regional del DIF, Valeria Santiago Barrientos que, a través de la vía telefónica, se comprometió a realizar “las gestiones necesarias” para que el caso fuera atendido, “ya que el fin de la institución es salvaguardar los derechos de la infancia”.
El problema fue que la delegada les informó que el personal del DIF Municipal se negó a brindar la atención requerida canalizando el caso a la Procuraduría Regional. Es así que el Centro Digna Ochoa considera que “fueron vulnerados los derechos humanos de la infancia consagrados en los artículos 1, segundo apartado y 4 de la Constitución”, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
La llamada de atención sobre este caso es urgente, ya que no es el primero en el que las autoridades no asumen sus responsabilidades en la protección de los derechos de la infancia.
Según el Centro Digna Ochoa:
“[Existen] casos documentados en donde el actuar de los funcionarios o funcionarias integrantes de estas Procuradurías ha sido negligente y omiso, situación que ha sido puesta en conocimiento de sus superiores, sin que hasta la fecha se haya emitido alguna sanción para quienes han incurrido en tales faltas”
Mientras tanto, los golpeadores de la menor indígena siguen impunes y ella está hospitalizada.