“Mataron a 16 migrantes y se sospecha que hubo polis y funcionarios de migración involucrados… ¿y aún así la FGR no había iniciado investigación?”, se preguntarán muchos. Y la respuesta es “sí”. Hasta el momento la Fiscalía General de la República no había echado ojo sobre lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas. Pero eso deberá de cambiar.
Por orden del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, la FGR tiene que iniciar una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en el municipio de Camargo, en enero pasado.
De acuerdo con Animal Político, hasta ahora la FGR se había negado a investigar el caso, pese a contar con una Unidad Especial de Investigación de Delitos para Personas Migrantes… porque, recordemos, en lo sucedido en el municipio de Tamaulipas, 16 de las 19 víctimas fueron identificadas como migrantes de origen guatemalteco.
Con la decisión del juez, la FGR tiene tres días para iniciar con las investigaciones, las cuales están en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. La FGR deberá establecer si en lo sucedido en Camargo se cometieron delitos de índole federal y, sea cual sea el resultado, dar cuentas a los familiares de las víctimas procedentes de Guatemala.
Fue el 22 de enero cuando las autoridades hallaron 19 cuerpos calcinados en vehículos que fueron abandonados en una zona árida de Camargo, Tamaulipas. Luego de estos hechos, fueron detenidos 12 elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas los cuales están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad documental.
También fueron cesados funcionarios de la oficina en Nuevo León del Instituto Nacional de Migración… ya que resulta que una de las camionetas que fueron incineradas en Camargo, había sido confiscada en un operativo montado en tierras regias, en el cual se liberaron a inmigrantes. ¿Cómo llegó de Nuevo León a Tamaulipas, si la camioneta estaba en poder de las autoridades? Quién sabe…
“Esta resolución es un importante precedente a fin de reconocer la dimensión social de las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, que nos afectan a todos como sociedad, así como establecer con claridad las obligaciones de las autoridades fiscales en torno a la investigación de los delitos, cuyo avance no puede depender de la información que aporten víctimas o demandantes”, señaló la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en el comunicado difundido tras la decisión del juez.