Por Esteban Illades

La semana pasada, después de varios retrasos, el gobierno entrante presentó su estrategia de seguridad para el próximo sexenio. La esperanza, conforme a lo que había dicho durante la campaña el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, era que se anunciara un vuelco en una estrategia que con toda claridad no ha funcionado: al día de hoy, después de casi 12 años de guerra ininterrumpida, México tiene su tasa de homicidios más alta en la historia moderna.

López Obrador había sido el candidato con más interés en cambiar la estrategia: cuando competía por la presidencia prometió analizar todas las propuestas, incluso la ya famosa amnistía al crimen organizado para disminuir la violencia.

Una vez electo, anunció la realización de un conjunto de los llamados foros “por la paz”, en los que él, junto con integrantes de su futuro gabinete, se reunieron con familiares de víctimas y de los desaparecidos. En estos foros, López Obrador y su equipo vieron de primera mano el sufrimiento de la guerra. Escucharon a padres y madres gritar de dolor, y recibieron cientos de quejas sobre cómo la administración actual y la pasada han hecho poco y nada para ayudarlos en su pena.

Con esto en mente, muchos –incluido quien esto escribe– esperaban un cambio en la estrategia. Quizás no el anuncio del regreso inmediato de los militares a los cuarteles, pero sí en poco tiempo. (Alfonso Durazo, propuesto como el próximo secretario de Seguridad, aseguró en diversas entrevistas que éste era el objetivo, junto con una reducción considerable de violencia que se antoja imposible.)

Sin embargo, en el plan de ocho puntos del miércoles pasado hubo una sorpresa nada grata: el próximo gobierno no sólo no echará para atrás la militarización del país, sino que incluso la aumentará.

Esto se debe a la creación de un organismo llamado Guardia Nacional, que, aunque se asegura será distinto a lo que actualmente se utiliza, camina como pato, grazna como pato, y se ve como pato.

Es cierto, la Guardia Nacional es sólo de uno de los ocho puntos de la estrategia, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque el punto sobre legalización de drogas es demasiado tímido, y el punto sobre justicia transicional –que debería ser el faro que guíe una nueva estrategia– no es posible mientras se anuncia la ampliación de la estrategia militar.

La Guardia Nacional es, en esencia, la reunión de las tres principales corporaciones de seguridad del país: la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Unidos ahora en un solo cuerpo, cuya guía dice deberá actuar a manera de Policía, los tres responderán, en términos operativos, a un mando militar. Es decir, mientras que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto teníamos corporaciones separadas con liderazgos separados –uno de ellos civil–, ahora todas quedarán consolidadas bajo un militar de alto rango.

Dirán algunos que esto no es malo, que qué bueno que ahora sí haya coordinación. Y pues en teoría sí, pero esta nueva Guardia Nacional reproduce los vicios de antaño –por más que se diga que ya no van a disparar a inocentes o “reprimir al pueblo” porque ésa será la orden–, ya que los militares no están entrenados para este tipo de tareas. Los militares fueron sacados, en 2006, de sus labores de rutina –entre ellas, ayuda en desastres naturales– y puestos a enfrentar a un enemigo interno cuyas técnicas desconocían. A lo largo de los últimos 12 años, y sin un marco legal claro para respaldar sus acciones, los militares han tenido poco éxito en su nueva misión –de lo contrario la tasa de homicidios no seguiría aumentando– y, como dice el actual secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, están cansados de llevar más de una década desplegados en estas tareas que por diseño no les corresponden.

A esto hay que agregar que los militares –y la policía militar, que ya existe; googleen “Palmarito” para mayor información– han sido responsables de múltiples violaciones de derechos humanos durante la guerra. Se les ha acusado de desaparecer a civiles, de torturar a detenidos, e incluso de ejecutarlos extrajudicialmente. Esto, por más que cambie el liderazgo, seguirá sucediendo, pues cualquier reforma a su manera de actuar debe ser profunda y no nada más de dirección. Darle mayor control a los militares y esperar algo distinto, por parafrasear ese meme que circula en internet desde hace años, es la definición de locura.

También hay que recordar que la militarización inesperada deja de lado una de las grandes ideas –cuyo éxito está comprobado– para la disminución del crimen: el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad locales. En México, desde hace años, las policías municipales están en total abandono, al grado de que en varios lugares son inexistentes. Las estatales también han sido ignoradas en su mayoría, en favor de la entrada de fuerzas federales para resolver la violencia.

Pero estas fuerzas federales no están entrenadas para el día a día de los delitos comunes –robos, narcomenudeo y un gran etcétera–, sino para los grandes delitos. Es como usar un misil para eliminar una montaña de hormigas: cada problema tiene una solución distinta.

Durante las últimas dos décadas los especialistas nos lo han dicho, y los gobiernos lo han prometido: el uso de los militares es sólo temporal en lo que se reforman las corporaciones policiacas del país.

Ejército Ley de Seguridad Interior

Operación del ejército. Foto: Carlos Jaso / Reuters.

Pero pues no, con el nuevo plan de seguridad esto no sucederá. Al contrario: el uso de los militares será de largo plazo; no por nada se habló de reformar la Constitución para poder permitir su despliegue permanente (en la actualidad el Ejército sólo puede estar fuera de su cuartel en situaciones específicas).

Lo que se busca, entonces, es que la situación se resuelva por pura inercia. Se legalizará el consumo y la venta de drogas de una manera muy limitada, no lo suficiente como para cambiar rumbo, se intentará aplicar alguna forma de justicia transicional –que no sabemos cuál  será ni cómo, y al parecer el próximo gobierno tampoco–, pero todo quedará opacado por el hecho de que un presidente que prometió cambiar el rumbo en campaña ahora hace todo lo contrario.

Bendita la política donde lo que se promete para llegar al poder no es lo que se hace una vez que se consigue. Sólo que hay un pequeño detalle: ese cambio de hoy implicará la diferencia entre que cientos de miles de mexicanos vivan o mueran mañana.

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Esteban Illades

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