Por Esteban Illades
Sorpresivo quizás para pocos, pero anoche se anunció que de las dos opciones que puso el gobierno electo a consulta durante cuatro días, cerca del 70% del millón de personas que votó prefirió cancelar la construcción del actual proyecto para un nuevo aeropuerto, el de Texcoco, en favor de la Base Aérea de Santa Lucía.
Hay muchas cosas que decir sobre este tema. La más importante, tal vez, es que se trata del primer ejercicio de este tipo a nivel federal en el país. Jamás se había llamado a una consulta nacional sobre una obra de infraestructura. Dirán unos que qué bueno, y en parte tienen razón. Entre menor participación ciudadana y mayor participación siempre es mejor la segunda.
Sin embargo, elegir un tema tan trascendental fue la manera errónea de hacerlo. En primera, porque se trata de un tema en exceso técnico: dónde deben aterrizar aviones, qué rutas deben seguir, dónde harán menos daño, ésas son cuestiones que deben estudiar los especialistas. Uno, como ciudadano, puede y debe opinar, pero la carga de una decisión de este tamaño no puede dejársele en exclusiva a él. En dado caso, lo mejor sería combinar lo dicho por quienes votaron con la opinión de expertos para llegar a la mejor decisión posible.
En segunda, por la organización al vapor de la consulta. El gobierno entrante optó por hacerla ahora dado que no está en funciones y por lo tanto puede decidir no acatar las leyes federales sobre consulta, que tienen umbrales muy altos para su validez –tienen que hacerse a la par de elecciones federales, tiene que votar al menos 40% del electorado y un largo etcétera–. Por las prisas para poder cubrirse legalmente, se organizó una consulta que careció de cualquier rigor. Desde la selección de municipios para poner urnas, pasando por la información sesgada que se presentó en las boletas, así como la obvia parcialidad del próximo gobierno a una de las dos opciones. No se podía hablar de un ejercicio de plena democracia –como juraron varias personas que sucedía– cuando la consulta fue organizada a modo por un gobierno haciéndola de partido –porque la consulta fue de Morena, a fin de cuentas–, y cuyo efecto vinculante –porque si algo se dijo que iba a pasar es que la decisión de la consulta era la final– es más que cuestionable. ¿O en qué otro país se hace pasar por la voluntad del pueblo un ejercicio en el que participó apenas el 1% del universo de votantes?
Esto respecto a la realización de la consulta misma, porque el problema viene de más atrás. Había dicho desde la campaña Andrés Manuel López Obrador que Texcoco se cancelaría. Como candidato y como presidente electo con 53% de los votos está en más que su derecho de hacerlo. Tiene el mandato constitucional y popular para realizar esa decisión. No obstante, algo cambió durante los últimos meses, porque pasó de hablar de la cancelación del proyecto a que sería “el pueblo” quien decidiría su futuro.
En ese traslado de costos hay algo muy importante. Algunos opositores dirán que se le endilga la responsabilidad de cualquier consecuencia –como por ejemplo una reacción adversa de inversionistas extranjeros– a los ciudadanos, puesto que ellos decidieron. Quienes están a favor harán el otro argumento: sin importar el resultado, el hecho de que se les escuche minimiza cualquier efecto negativo.
Aquí el asunto también es doble. Por un lado, tiene un efecto positivo: que, como decíamos antes, se abra la participación en temas trascendentales a los ciudadanos. Si algo ha salido de las encuestas en torno al proyecto del nuevo aeropuerto es que la gente está más que contenta de que se le pida su opinión sobre temas nacionales, se le tome en cuenta e incluso se le siga como orden.
Pero, por otro, tiene uno negativo: es no asumir el costo de las propuestas de manera frontal. Es, como cuando dijo el presidente electo hace unas semanas que si algo salía mal no iba a ser su culpa sino del Banco de México, renunciar a la responsabilidad que implica gobernar en nombre de quienes lo eligieron, y, más importante aún, en nombre de su país.
Ahora bien, la consulta se realizó y ganó Santa Lucía. ¿Qué implica esto? Pocos lo saben, si no es que ninguno. En conferencia de prensa hoy por la mañana, López Obrador dijo que de inmediato se cancelará la construcción de Texcoco y se comenzará la de Santa Lucía. Aquí otro gran obstáculo: no existe un proyecto ejecutivo de Santa Lucía; es decir, no se sabe cuánto va a costar, cómo se va a hacer y cómo va a operar. Peor aún: no hay estudios definitivos que garanticen que su operación es viable y segura en conjunto con el aeropuerto actual. En el mejor de los casos ese estudio se realizará y resultará que sí es posible. Por lo pronto, se está tomando una decisión en el aire.
En el peor, seremos Springfield cuando aprobó la construcción de la escalera a ninguna parte.
Pero eso fue totalmente secundario en la preparación de esta consulta, pues fue una decisión política a cabalidad, no técnica. Al presidente electo lo que le importaba era dar un mensaje y lo dio: durante los próximos seis años se va a gobernar a la inversa de como se hizo bajo la actual administración. Cualquier consecuencia económica se supeditará a esta manera de gobernar.
¿Funcionará? La moneda está en el aire. Mientras tanto, para bien o para mal, el nuevo gobierno está mostrando que será diferente, con todo lo que eso conlleve.
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