Vayan haciendo sus quinielas para atinarle al futuro de los gobernadores salientes de Veracruz y Quintana Roo (por ahí se puede colar algún otro…cof, Chihuahua, cof), porque aparentemente se les están cerrando las opciones para salir “legalmente” librados de próximas investigaciones.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones para considerar anticonstitucionales los movimientos realizados por los gobiernos de Javier Duarte y Roberto Borge (Veracruz y Quintana Roo, respectivamente), en materia de corrupción, las cuales más que otra cosa parecían blindajes para evitar en un futuro ser investigados en sus presuntas tranzas.
Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, quien señaló que la impugnación de los blindajes fue a solicitud del mismísimo Enrique Peña Nieto, ya que el Ejecutivo no permitirá acciones que vayan en contra del Sistema Nacional Anticorrupción…
“Un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho Sistema Nacional, así como los Sistemas estatales, deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse”, señaló el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval.
Para evitar ambigüedades, Sandoval claramente dijo que tanto los congresos de Veracruz como de Quintana Roo han aprobado reformas que van en contra de las reformas constitucionales hechas el año pasado, las cuales supuestamente frenarían el abuso de poder… Al parecer, ya no se aguantó tanto descaro: eso de andar nombrando al controlador general, a los fiscales especializados en combate a la corrupción y a los magistrados que se encargarán de los asuntos que tengan que ver con acciones corrupción, todo cuando se está inmerso en acusaciones de desvíos de fondos y otros asuntos corruptos, no se ve muy bien que digamos… sin contar que en el caso jarocho hasta se pretendía la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Veracruz.
“De subsistir los decretos que hemos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los actos emanados de ellos adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional”.
Aunque no se quiso especificar si con estas acciones se está ya investigando a Duarte y Borge (por eso de la “secrecía” en investigaciones) Sandoval agregó que lo mismo podría ocurrir con el gober de Chihuahua, César Duarte.
Lo que corresponde ahora es ver si los congresos de los estados mencionados se atreven a defender las reformas impugnadas por la PGR… y ver de qué forma lo hacen. Cabe aclarar que, aunque impugnadas, las reformas están vigentes, ya que en las acciones de inconstitucionalidad la Corte no tiene la facultad suspender las normas generales reclamadas. Se estima que estos juicios concluyan a finales de este año o por ahí de 2017.