El día de ayer un juez de Distrito concedió tres amparos a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y a sus coacusados, por diferencias en la integración de la averiguación previa por parte de la PGR que vulneraron su derecho a un debido proceso (es decir, no se hicieron las cosas como se debí a la hora de atraparla), lo cual derivó en una confrontación entre la PGR y el Poder Judicial.
¿Se acuerdan que el día de ayer nos preguntábamos qué era lo que pasaba tanto con la PGR como con el Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues es lo que hoy todo el mundo se pregunta, y es que a la PGR no le parecieron lo amparos concedidos a la «maestra» e impugnará el fallo ya que, según la dependencia, el fallo del juez se basa en:
«argumentos endebles y sin consistencia jurídica»
Además, acusaron a la dependencia de imparcial al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al informar sobre el tema.
Recordamos que la resolución no implica que se tenga que dictar auto de libertad a Gordillo ni a sus presuntos cómplices José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, pero de que están amparados están amparados por motivo de los errores técnicos cometidos por la PGR, por ejemplo, la inexistencia de una denuncia anterior por parte de la Secretaría de Hacienda por el delito de lavado de dinero.
Francisco Javier Ascencio, el juez que dictó los amparos, determinó que, respecto del auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, la resolución carecía de los requisitos que prevé la Constitución, además encontró inconsistencias en el auto de formal prisión por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Y así una serie de inconsistencias entre las cuales figura el no especificar claramente el cómo, cuándo y dónde de la implicación de los acusados en estos delitos.
Por otro lado, según el Univeral, la PGR anunció que impugnará la «deficiente» decisión del juez federal. Además expuso que:
«por segunda ocasión, advierte con preocupación el criterio sostenido en este caso por el juez de amparo, que utilizando argumentos endebles y sin consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal, en perjuicio del interés social que representa esta institución»
La PGR explicó que la averiguación previa consignada derivó de la denuncia presentada el 13 de febrero pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, también expuso que se cumplió con los requisitos legales necesarios para proceder penalmente contra dichas personas.
Según la PGR, el juzgador atribuyó un contenido distinto a la constancia laboral presentada por el servidor público de la Secretaría de Hacienda. Dicho documento se expidió el 14 de febrero, pero sólo fue para acreditar que Alonso Israel Lira Salas, ex director general adjunto de la Unidad, tenía personalidad jurídica para formular la denuncia (es decir, que para dictar el amparo se basó en un documento en el que no se tenía que basar).
Remató arguyendo que si el consejo de la Judicatura Federal existe es para revisar la debida actuación de los jueces federales y no para pretender justificar su actuar, ya que al justificar a un juez desacredita a otro.
Y la pregunta sigue ¿Qué pasa tanto con la PGR como con el Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué pasan estas cosas?