Lo que necesitas saber:
Cuando se contempla el fenómeno más allá de una narrativa radical, la realidad es menos contundente de lo que parece.
Entre discursos a favor y en contra los programas sociales en México ocupan un lugar central en la conversación pública, sin embargo, cuando se contempla el fenómeno más allá de una narrativa radical, la realidad es menos contundente de lo que parece, ya que México invierte muy poco en gasto social, no todos los apoyos llegan a quienes más los necesitan y su implementación enfrenta cuestionamientos que van desde fallas estructurales hasta actos de corrupción y desvío de recursos.
Programas sociales en México: ni tanto, ni para todos
Levante la mano quien escrollea casi en automático aquellos contenidos donde aparece el mismo debate: ¿Programas sociales sí, programas sociales no?
Y es que de un lado están quienes aseguran que vivimos en un “momento
histórico”, con un gobierno que presume ser, como nunca antes, el único preocupado y ocupado por el bienestar social.
Del otro, están quienes insisten en que los programas sociales no deberían de existir, que solo generan dependencia y perpetúan los grandes problemas de desigualdad.
Lo cierto es que más allá del ruido extremista hay algo que no termina de cuadrar porque la realidad cuenta otra historia: un sistema de salud que no alcanza, transporte público saturado, inseguridad que se vuelve cotidiana o personas que siguen viviendo al día.
Frente a eso, quizá, ¿valdría la pena hacer una pausa y bajarse de la polarización para preguntarse si el problema es tan pragmático como lo plantean los extremismos… o si, en el fondo, es algo más complejo y nos están dando gato por liebre?
Por ello y para entender el alcance de los programas sociales en México, primero hay que hacer una distinción clave pues éstos no son lo mismo que el gasto social en su conjunto, explicó en entrevista para Sopitas.com el maestro en Economía por el Colegio de México, Axel Eduardo González Gómez.
Los programas sociales son solo una parte de la inversión en materia de Estado de Bienestar que un país implementa, la cual incluye la creación e instrumentación de políticas públicas en salud, educación, vivienda, subsidios, programas fiscales, seguros de desempleo, entre otros; con la intención de reducir la pobreza y matizar la desigualdad, explicó el también especialista de la agrupación México, ¿Cómo Vamos?
La idea del Estado de Bienestar es relativamente nueva, explicó González Gómez, pues esta surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que distintas economías entendieron que el crecimiento sostenido dependía de garantizar condiciones de bienestar, con acceso a servicios y estabilidad social, para mantener así la capacidad de consumo.
Bajo esa lógica, los programas sociales, entendidos como transferencias directas de apoyos económicos, son una pieza dentro del ecosistema de la política de bienestar, dijo el investigador.
En este sentido, el académico destacó que el debate se ha enlodado, ya que
normalmente se discute si los programas sociales son buenos o malos, cuando en realidad la pregunta debería ser otra:
¿Cuánto está invirtiendo el país en política social en su conjunto?; y con ello, elevar la discusión y soltar la dicotomía “programas sociales si vs. programas sociales no”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); México destina una proporción de su Producto Interno Bruto, PIB; al gasto social considerablemente menor que el promedio de sus pares miembros.
Es decir, para 2024 países como Austria, Finlandia o Francia invierten del
presupuesto público el equivalente al 30 y 31 por ciento de su PIB en gasto social, nuestro país lo hace con apenas el 10 por ciento, sin llegar siquiera a la media del resto de los países de la OCDE que refiere ser de 21.1 por ciento.
Esto no es nuevo, histórica y sistemáticamente los gobiernos mexicanos no
invierten en política social como lo hace la competencia democrática conformada por las 37 economías más grandes del mundo, incluyendo la nuestra, explicó.
Por lo anterior, el egresado del Colmex planteó que, al margen de centrarnos en si los programas sociales funcionan o no, habría que preguntarse si el país está invirtiendo lo suficiente en toda la política pública de bienestar.
“Para tener un servicio de salud como Dinamarca, también se tenemos que gastar como Dinamarca; y para gastar como Dinamarca, tenemos que recaudar como Dinamarca… y México no puede hacerlo, porque, no tiene los recursos suficientes debido a que no está cobrando impuestos como Dinamarca”.
Y es aquí donde Axel González sugiere que debe enmarcarse la discusión, ya que México es uno de los países con menor recaudación fiscal dentro de la OCDE y esto obedece principalmente a factores como altos niveles de informalidad, una base tributaria limitada y un sistema en el que los ingresos provenientes de los grandes capitales tienen menor peso en la recaudación.
En Dinamarca eso no ocurre.
Ante ello, es importante señalar que pese al discurso político de la 4T que plantea un supuesto modelo de cercanía al estado de bienestar, lo cierto es que en la práctica las decisiones fiscales han sido limitadas y muy parecidas al modelo neoliberal que tanto han criticado, donde los que más ganan, son los que menos pagan.
Todo lo anterior se refleja en los resultados, explicó el experto, pues, aunque en los últimos años ha habido mejoras en indicadores del ingreso de los hogares, lo cierto es que México sigue rezagado en disminución de brecha según la Plataforma sobre Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial.
Mientras México no cambie su política recaudatoria, el gasto social seguirá siendo limitado y las políticas de bienestar estarán, en buena medida, condenadas al fracaso, más allá de lo que prometen las narrativas políticas, concluyó Axel González, vocero de la agrupación México, ¿Cómo vamos?
El dinero no llega a tod@s: ¿quién queda fuera?
Pese al margen limitado de recaudación que perjudica al gasto público en
bienestar social en México, existe otra beta de análisis que cuestionaría la
efectividad de los programas sociales relacionados a la entrega de apoyos económicos a las personas: ¿a quién están llegando realmente esos recursos?
Enrique Díaz-Infante, maestro en Políticas y en Desarrollo por la London School of Economics, reconoció que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con determinar quién puede acceder a esos mecanismos, ya que el problema no es únicamente el diseño de los programas, sino las condiciones en las que opera la población que debería recibirlos, donde la inclusión financiera se vuelve un factor determinante.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2025 (ENIF), solo el 63 por ciento de las personas de entre 18 y 70 años declaró tener al menos una cuenta de ahorro.
Lo anterior implica que cerca de cuatro de cada diez personas en ese rango de edad, que es la permitida para acudir a votar, no cuentan con un medio formal para recibir transferencias económicas, explicó el experto.
Claramente el sector de la población que no está integrado al sistema financiero suele concentrarse en los sectores más vulnerables, donde la falta de ingresos, de documentación o incluso de información limita el acceso a servicios bancarios.
En ese contexto, la población más pobre no solo enfrenta carencias materiales,
sino también obstáculos adicionales para integrarse a los mecanismos mediante los cuales se distribuyen estos apoyos: transferencias bancarias.
Entonces, el académico de la UNAM se pregunta: ¿Qué tanto el acceso a
mecanismos formales influye en quién puede integrarse más fácilmente a estos programas y quiénes no? ¿Acaso este dato podría sugerir que los apoyos económicos estarían llegar a los pobres que si pueden votar?
Para Díaz-Infante, este desbalance podría abrir hipótesis con implicaciones más amplias respecto a que “estos programas de transferencias no necesariamente están diseñados para transformar de fondo las condiciones de pobreza, sino también buscan lealtades políticas y, en ese sentido, tener un componente clientelar”.
Cuando el dinero se pierde en el camino
A las limitaciones en el nivel de gasto y a las barreras de acceso se suma otro
factor que complejiza aún más el panorama sobre si en México hay una política de bienestar a la altura del primer mundo y tiene que ver con la forma en la que se ejercen los recursos públicos.
Leonardo Núñez González, analista de la agrupación Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, ha dado seguimiento durante más de 8 años al
fenómeno de desvío de recursos públicos en México y durante todo este tiempo, con gobiernos que se van y gobiernos que vienen, hay un elemento que persiste: los mecanismos de corrupción se repiten.
“Lo que sorprende no es que ocurran, sino que siguen operando de formas
muy similares”.
Para el investigador los esquemas con el uso de empresas fachada para triangular recursos públicos documentados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en escándalos como la llamada Estafa Maestra, irónicamente continúan apareciendo en tiempos de la Cuarta Transformación como lo fue con el caso Segalmex.
“Lo que cambia es dónde se concentran estos casos, no necesariamente
cómo funcionan”.
En este monstruo de las mil cabezas que cortas una y aparecen 5 nuevas, la
preocupación recae también en la diferencia entre lo que reportan las instancias oficiales y lo que documentan organizaciones independientes:
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la última cuenta pública se detectaron irregularidades por alrededor de 65 mil millones de pesos, sin embargo, investigaciones de organizaciones civiles han identificado montos considerablemente mayores, que superan los 200 mil millones de pesos en distintos esquemas de posible desvío, dijo el director de investigación aplicada de Contra la Corrupción.
Casos como el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de evasión y desvío
vinculado al comercio de combustibles, ilustran la magnitud del problema con montos que pueden ser 12 veces superiores a los detectados en auditorías oficiales, expresó.
Para Leonardo Núñez los recursos destinados a política de bienestar social son los que suelen ser susceptibles de ser saqueados vía corrupción e impunidad, reduciendo así la capacidad del Estado para financiar políticas que realmente impacten en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Así, en un contexto donde el gasto social ya es limitado y enfrenta barreras de
acceso, la posibilidad de desvío de recursos introduce un tercer elemento: no todo lo que se destina al bienestar necesariamente llega a su destino final, explicó.
